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Estados Unidos prepara normativa que dificultaría la solicitud de asilo

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El Gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera ilegalmente o no soliciten la protección en otras naciones.

La normativa, creada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, facilitaría al Gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que, al hacerlo de modo ilegal, perderían el derecho de acogerse a esta protección.

Fuentes de la Casa Blanca explicaron este martes que la normativa tiene la intención de «llenar el vacío» legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado «ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes»

Normativa que dificultaría la solicitud de asilo

«Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso», apuntaron dichas fuentes, después de que este martes la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un período de alegaciones de 30 días.

Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse (como ha sucedido previamente), sí apuntaron que «la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes».

De entrar en vigor, esta sería una de las normativas migratorias más restrictivas en todo el Gobierno de Joe Biden, quien al asumir la presidencia en enero de 2021 eliminó muchas de las medidas migratorias excluyentes de la Administración de Donald Trump (2017-2021).

Entre ellas, eliminó el polémico Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como acuerdo de «tercer país seguro», que permitía a Estados Unidos deportar a los refugiados que llegaban a su territorio y no habían pedido asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen.

Sin embargo, las fuentes oficiales de la Administración de Biden quisieron desmarcarse de esta norma y aseguraron que la nueva no es igual.

«Es definitivamente diferente en el sentido de que estamos ofreciendo una presunción refutable y no prohibiendo el acceso al asilo, como lo hizo la administración anterior», apuntaron. Así, la normativa «permitiría a las personas solicitar asilo en EE.UU. siempre que ingresen a través de una vía legal», insistieron.

Título 42

El Título 42 es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.

El Gobierno del entonces presidente Trump recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la covid-19, y Biden ha decidido extenderla en varias ocasiones cuando estaba a punto de expirar.

Sin embargo, con la pandemia ya dada por finalizada, es probable que en mayo próximo se levante esta norma, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la frontera sur.

Con información de EFE

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Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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