Internacional
Estados Unidos prepara normativa que dificultaría la solicitud de asilo
El Gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera ilegalmente o no soliciten la protección en otras naciones.
La normativa, creada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, facilitaría al Gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que, al hacerlo de modo ilegal, perderían el derecho de acogerse a esta protección.
Fuentes de la Casa Blanca explicaron este martes que la normativa tiene la intención de «llenar el vacío» legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado «ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes»
Normativa que dificultaría la solicitud de asilo
«Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso», apuntaron dichas fuentes, después de que este martes la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un período de alegaciones de 30 días.
Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse (como ha sucedido previamente), sí apuntaron que «la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes».
De entrar en vigor, esta sería una de las normativas migratorias más restrictivas en todo el Gobierno de Joe Biden, quien al asumir la presidencia en enero de 2021 eliminó muchas de las medidas migratorias excluyentes de la Administración de Donald Trump (2017-2021).
Entre ellas, eliminó el polémico Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como acuerdo de «tercer país seguro», que permitía a Estados Unidos deportar a los refugiados que llegaban a su territorio y no habían pedido asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen.
Sin embargo, las fuentes oficiales de la Administración de Biden quisieron desmarcarse de esta norma y aseguraron que la nueva no es igual.
«Es definitivamente diferente en el sentido de que estamos ofreciendo una presunción refutable y no prohibiendo el acceso al asilo, como lo hizo la administración anterior», apuntaron. Así, la normativa «permitiría a las personas solicitar asilo en EE.UU. siempre que ingresen a través de una vía legal», insistieron.
Título 42
El Título 42 es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.
El Gobierno del entonces presidente Trump recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la covid-19, y Biden ha decidido extenderla en varias ocasiones cuando estaba a punto de expirar.
Sin embargo, con la pandemia ya dada por finalizada, es probable que en mayo próximo se levante esta norma, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la frontera sur.
Con información de EFE
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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