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Perú entregará unos 13.000 dólares a parientes de fallecidos durante protestas

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El gobierno de Perú entregará 50.000 soles, unos 13.000 dólares a los parientes de cada uno de los fallecidos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado, según recoge un decreto de emergencia  publicado en el diario oficial El Peruano.

«Se autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto de 50.000 soles, por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida en las movilizaciones indicadas en el artículo 1, monto que será distribuido entre los deudos identificados por la Comisión Multisectorial», especificó el decreto publicado el martes, pero difundido este miércoles.

Además, también por única vez, la misma cartera otorgará 25.000 soles, unos 6.500 dólares, a cada persona herida de gravedad identificada por dicha comisión.

Familiares de fallecidos en las protestas de Perú exigen justicia y memoria

Detalla que corresponde a la Comisión Multisectorial determinar los criterios «para identificar a las personas heridas de gravedad que serán beneficiarias del apoyo económico» y que, para este fin, se da un plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la norma.

El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como los ministros de Justicia, José Tello,  y de Economía, Alex Contreras, abarca las protestas vividas entre el 8 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023.

«El apoyo económico corresponde a una subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Este beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales», añade el decreto.

Este agrega que, en el marco del trabajo realizado por la Comisión Multisectorial, «se ha identificado la situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que se encuentran las familias de las personas fallecidas, así como el grado de afectación de las personas heridas de gravedad durante las movilizaciones».

Y que, por tanto, «resulta necesario establecer medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y financiera, destinadas a brindar, de manera excepcional».

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos responsable del cumplimiento de la norma

También nombra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como responsable del cumplimiento de la norma, así como de dar cuenta periódicamente al Consejo de Ministros sobre su implementación.

En cuanto al financiamiento de estos apoyos económicos, este se encuentra a cargo del presupuesto institucional del Año Fiscal 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Mediante una resolución suprema publicada el 31 de diciembre de 2022, se creó esta Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, además de las personas que sufrieron lesiones de gravedad.

Mifestaciones en Perú iniciaron en diciembre

Las manifestaciones comenzaron en diciembre tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 48 personas han muerto durante enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas han muerto debido a los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes.

La presidenta Boluarte también confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero pasado el fallecimiento de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.

 

Con información de EFE

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Internacional

De la Espriella ordenó operativos contra migrantes irregulares (+ video)

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De la Espriella ordenó operativos contra migrantes irregulares - Agencia Carabobeña de Noticias
Foto: Reuters
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos contra migrantes irregulares a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla.

El mandatario dijo que pondrá en marcha esta semana operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos, quienes, según anunció, los deportará.

«No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos». Expresó el mandatario en un consejo de seguridad, cuyas imágenes las recogieron en un video divulgado ayer lunes 24 de agosto por su despacho.

De la Espriella ordenó operativos contra migrantes irregulares

De la Espriella explicó que los operativos deberán dirigirse «primero» a los extranjeros que estén cometiendo delitos y «segundo» a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que «en el término de la distancia tendrán que ser deportados».

El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, que además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.

«Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde». Agregó el presidente.

De la Espriella ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas. Reforzar la red de cooperantes. Además, ejecutar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión.

ACN/MAS/Agencias

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