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Espacio Público registró más de 50 violaciones a la libertad de expresión en diciembre 2020

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Espacio Público diciembre 2020
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Según el informe de Espacio Público del mes de diciembre de 2020 se cometieron 54 violaciones a la libertad de expresión, siendo la intimidación, la censura y las restricciones administrativas los patrones más frecuentes.

Estas violaciones se tradujeron en 29 casos donde los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado.

El último mes del año estuvo marcado por un evento electoral en el que el impedimento a la cobertura, el hostigamiento, la intimidación y la censura, de manos de funcionarios de seguridad fue común en todo el país.

Efectivos de la Guardia Nacional, milicianos, y militares del Plan República negaron el acceso a periodistas, les gritaron, persiguieron, impidieron que capturaran fotografías.

El informe establece que incluso borraron gráficas de la jornada sin importar que trabajadores de los medios de comunicación portaran la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral.

Solo durante esta jornada registramos 25 violaciones a la libertad de expresión, en los estados Carabobo, Miranda, Sucre, Vargas, Táchira, Guárico, Lara, Anzoátegui y Caracas.

Espacio Público registró violaciones en la jornada del 6 de diciembre del año 2020

En Naguanagua, estado Carabobo, la mañana inició con el hostigamiento verbal sufrido por la periodista Leomara Cárdenas, corresponsal de Crónica Uno, por parte de una miliciana.

Según la denuncia, esta habría amenazado a Cárdenas, le prohibió tomar fotografías y le exigió que le entregara el teléfono celular.

«Me encontraba a 50 metros del centro electoral, ni siquiera había llegado a la puerta del colegio”, explicó la corresponsal.

“En dos oportunidades me ofendió, me pidió que le entregara el teléfono y le dije que no porque es mi herramienta de trabajo y ella no es ninguna autoridad. Amenazó con buscar al comandante del Plan República el cual nunca llegó”,detalló.

Estado Miranda

En otro hecho, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le gritó y prohibió tomar fotos a la reportera de Crónica Uno, Omarela Depablos, mientras cubría una pauta en el centro de votación Ambrosio Plaza, en Los Teques, estado Miranda.

La restricción ocurrió mientras la reportera tomaba fotos en la entrada para registrar la participación.

“Un guardia me dijo a gritos que no podía tomar fotos, el motorizado le dijo que era periodista y nos dijo que nos fuéramos”, explicó la periodista.

Espacio Público: En Táchira también ocurrió el mismo patrón de restricción en diciembre 2020

En el estado Táchira, las periodistas Rosalinda Hernández del diario El Estímulo; Bleima Márquez, del portal La Nación Web; y Judith Valderrama, del Diario los Andes, fueron intimidadas verbalmente por efectivos del Plan República, cuando cubrían un centro educativo en el Barrio Alianza.

“Nos acercamos al sitio y empezamos a hacer unas imágenes del centro de votación, y un militar nos dijo en un tono grosero que no podíamos hacer fotos”.

“Le dijimos que éramos periodistas y él nos reiteró que no podíamos fotografiar (…) Al final nos dijo que si no nos retiramos nos iba a sacar por las ‘malas’”, señaló Hernández en una entrevista realizada por Espacio Público.

Funcionarios del Plan República fotografiaron las credenciales y los documentos de identidad de la corresponsal del diario El Tiempo, Andreina Itriago, mientras cubría la jornada electoral en el Polideportivo La Boyera en Caracas.

El hostigamiento judicial como arma para callar la denuncia

Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, fue citado nuevamente a declarar ante la Fiscalía número 22, después de denunciar a través de un informe las rutas del narcotráfico usadas en la frontera venezolana.

El 3 de diciembre declaró por más de cuatro horas en lo que calificó como un proceso de intimidación que busca silenciarles.

En entrevista para Espacio Público destacó que consignaron una denuncia formal sobre las pistas clandestinas y la presencia de grupos paramilitares como el ELN y las FARC en territorio venezolano.

Violaciones en la red

El parlamentario José Brito hostigó al periodista Víctor Amaya a través de mensajería directa de Twitter.

El reportero publicó una foto donde se veían personas durmiendo en uno de los centros de votación el 6 de diciembre.

Al respecto Brito ofreció una rueda de prensa indicando que las imágenes eran viejas, por lo que Amaya publicó un mensaje irónico en su perfil, que resultó el detonante de los insultos del diputado.

La semana siguiente del evento electoral impulsado por Maduro, la sociedad civil y la Asamblea Nacional llevaron adelante una Consulta Popular.

Espacio Público registró más de 50 violaciones a la libertad de expresión en diciembre 2020

El observatorio de Internet VE Sin Filtro denunció que la estatal Cantv bloqueó los servidores de la aplicación Voatz, principal herramienta para la participación en la Consulta.

Ve Sin Filtro puntualizó que el bloque afectó el protocolo de control de transmisión o TCP, que está relacionado con el IP y sirve para determinar cómo transmiten los datos los diferentes dispositivos conectados a la red.

Reiteraron que el bloqueo no tuvo que ver con la lentitud de la aplicación, pero sí afectó la transmisión de datos ocasionando errores diferentes en dispositivos Android y iOS.

El pasado 26 de diciembre VE Sin Filtro también registró una caída de Internet de la proveedora estatal CANTV.

A partir de las 10:50 de la mañana la conectividad había caído casi a cero. Dos horas después ya había una recuperación de 40% en la conectividad.

Reporte de Espacio Público

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Capturan a delincuentes que extorsionaban desde la cárcel Puente Ayala

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Capturan a delincuentes que extorsionaban desde la cárcel Puente -Agencia Carabobeña de Noticias – ACN – Sucesos
Foto: Referencial Cortesía
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Dos peligrosos delincuentes que extorsionaban desde la cárcel José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como Puente Ayala; fueron capturados este jueves 18 de abril, en Barcelona.

Uniformados de la División de Investigaciones de Extorsión del Cicpc detuvieron en primer lugar a Frangelys Velázquez Cumaná (29); quien se encargaba de facilitar sus cuentas bancarias a Valdemar Enrique Sucre Vallejo, un privado de libertad del referido centro penitenciario y que era investigado por múltiples extorsiones.

Velázquez ejecutaba las actividades extorsivas al recibir el dinero en sus cuentas y hacía goce del mismo, perjudicando así el patrimonio de las víctimas. La detención de la  mujer se generó en la avenida Carupano, Urbanización Villa Cristóbal Colón, parroquia Valentín Valiente, estado Sucre. Se ubicó como evidencia un celular usado como medio de comisión.

extorsionaban desde la cárcel Puente Ayala

Luego lograron aprehender a Dowell Tringal, Rodríguez (29), quien es un exrecluso del referido centro penitenciario. El sujeto, haciendo uso de dispositivos celulares, se dedicaba a contactar a sus víctimas, exigiéndoles grandes cantidades de dinero; a cambio de no atentar en contra de su integridad. Una vez captadas las víctimas, les facilitaba la cuenta de Frangelys Velásquez, para recibir el dinero de las extorsiones.

Dowell quedó detenido en el sector Pozuelos, avenida principal Cueva de Guanire, vía pública, parroquia Pozuelos, municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui. Se le incautó como evidencia un celular usado como medio de comisión.

Ambos detenidos, presentaban orden de captura por el Juzgado 24° en Función de Control del Área Metropolitana de Caracas; por el delito de extorsión.

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Centros de control y coordinación de actividades ilícitas

El boletín número 48 realizado por FundaRedes revela que las cárceles venezolanas no solo albergan a reclusos; sino que también se han convertido en centros de control y coordinación de actividades ilícitas; con ramificaciones incluso en la zona fronteriza colombo-venezolana.

«El cobro de extorsiones se ha convertido en una herramienta fundamental para financiar operaciones ilícitas y mantener el control sobre la población reclusa. Las alianzas estratégicas, la intimidación y la gestión de actividades fuera de la ley en las cárceles son componentes clave del pranato, que dejó una escuela a las personas encargadas de la seguridad interna de los centros de reclusión”, asegura la publicación de este 18 de marzo.

 Con información de ACN/NT/El Nacional

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