Sucesos
Espacio Público registró más de 50 violaciones a la libertad de expresión en diciembre 2020
Según el informe de Espacio Público del mes de diciembre de 2020 se cometieron 54 violaciones a la libertad de expresión, siendo la intimidación, la censura y las restricciones administrativas los patrones más frecuentes.
Estas violaciones se tradujeron en 29 casos donde los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado.
El último mes del año estuvo marcado por un evento electoral en el que el impedimento a la cobertura, el hostigamiento, la intimidación y la censura, de manos de funcionarios de seguridad fue común en todo el país.
Efectivos de la Guardia Nacional, milicianos, y militares del Plan República negaron el acceso a periodistas, les gritaron, persiguieron, impidieron que capturaran fotografías.
El informe establece que incluso borraron gráficas de la jornada sin importar que trabajadores de los medios de comunicación portaran la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral.
Solo durante esta jornada registramos 25 violaciones a la libertad de expresión, en los estados Carabobo, Miranda, Sucre, Vargas, Táchira, Guárico, Lara, Anzoátegui y Caracas.
Espacio Público registró violaciones en la jornada del 6 de diciembre del año 2020
En Naguanagua, estado Carabobo, la mañana inició con el hostigamiento verbal sufrido por la periodista Leomara Cárdenas, corresponsal de Crónica Uno, por parte de una miliciana.
Según la denuncia, esta habría amenazado a Cárdenas, le prohibió tomar fotografías y le exigió que le entregara el teléfono celular.
«Me encontraba a 50 metros del centro electoral, ni siquiera había llegado a la puerta del colegio», explicó la corresponsal.
«En dos oportunidades me ofendió, me pidió que le entregara el teléfono y le dije que no porque es mi herramienta de trabajo y ella no es ninguna autoridad. Amenazó con buscar al comandante del Plan República el cual nunca llegó»,detalló.
Estado Miranda
En otro hecho, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le gritó y prohibió tomar fotos a la reportera de Crónica Uno, Omarela Depablos, mientras cubría una pauta en el centro de votación Ambrosio Plaza, en Los Teques, estado Miranda.
La restricción ocurrió mientras la reportera tomaba fotos en la entrada para registrar la participación.
“Un guardia me dijo a gritos que no podía tomar fotos, el motorizado le dijo que era periodista y nos dijo que nos fuéramos”, explicó la periodista.
Espacio Público: En Táchira también ocurrió el mismo patrón de restricción en diciembre 2020
En el estado Táchira, las periodistas Rosalinda Hernández del diario El Estímulo; Bleima Márquez, del portal La Nación Web; y Judith Valderrama, del Diario los Andes, fueron intimidadas verbalmente por efectivos del Plan República, cuando cubrían un centro educativo en el Barrio Alianza.
“Nos acercamos al sitio y empezamos a hacer unas imágenes del centro de votación, y un militar nos dijo en un tono grosero que no podíamos hacer fotos».
«Le dijimos que éramos periodistas y él nos reiteró que no podíamos fotografiar (…) Al final nos dijo que si no nos retiramos nos iba a sacar por las ‘malas’”, señaló Hernández en una entrevista realizada por Espacio Público.
Funcionarios del Plan República fotografiaron las credenciales y los documentos de identidad de la corresponsal del diario El Tiempo, Andreina Itriago, mientras cubría la jornada electoral en el Polideportivo La Boyera en Caracas.
El hostigamiento judicial como arma para callar la denuncia
Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, fue citado nuevamente a declarar ante la Fiscalía número 22, después de denunciar a través de un informe las rutas del narcotráfico usadas en la frontera venezolana.
El 3 de diciembre declaró por más de cuatro horas en lo que calificó como un proceso de intimidación que busca silenciarles.
En entrevista para Espacio Público destacó que consignaron una denuncia formal sobre las pistas clandestinas y la presencia de grupos paramilitares como el ELN y las FARC en territorio venezolano.
Violaciones en la red
El parlamentario José Brito hostigó al periodista Víctor Amaya a través de mensajería directa de Twitter.
El reportero publicó una foto donde se veían personas durmiendo en uno de los centros de votación el 6 de diciembre.
Al respecto Brito ofreció una rueda de prensa indicando que las imágenes eran viejas, por lo que Amaya publicó un mensaje irónico en su perfil, que resultó el detonante de los insultos del diputado.
La semana siguiente del evento electoral impulsado por Maduro, la sociedad civil y la Asamblea Nacional llevaron adelante una Consulta Popular.
Espacio Público registró más de 50 violaciones a la libertad de expresión en diciembre 2020
El observatorio de Internet VE Sin Filtro denunció que la estatal Cantv bloqueó los servidores de la aplicación Voatz, principal herramienta para la participación en la Consulta.
Ve Sin Filtro puntualizó que el bloque afectó el protocolo de control de transmisión o TCP, que está relacionado con el IP y sirve para determinar cómo transmiten los datos los diferentes dispositivos conectados a la red.
Reiteraron que el bloqueo no tuvo que ver con la lentitud de la aplicación, pero sí afectó la transmisión de datos ocasionando errores diferentes en dispositivos Android y iOS.
El pasado 26 de diciembre VE Sin Filtro también registró una caída de Internet de la proveedora estatal CANTV.
A partir de las 10:50 de la mañana la conectividad había caído casi a cero. Dos horas después ya había una recuperación de 40% en la conectividad.
Reporte de Espacio Público
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Sucesos
Publican número de fallecidos por terremotos, tras nueve días sin dar cifras
Publican número de fallecidos por terremotos, informe que no aportaba el Gobierno nacional desde el pasado 24 de julio, retoma publicación por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, luego de nueve días del último informe, cuando se cumplió un mes de doblete sísmico que azotó a siete estados y con más fuerzas La Guaira, donde aún familiares buscan a sus deudos.
El Gobierno reanudó este 3 de agosto la publicación de cifras oficiales sobre las víctimas y el número de fallecidos, 579 más que en el último balance divulgado el pasado 24 de julio.
El Ejecutivo informó además que, a partir de ahora, los reportes sobre la reconstrucción se emitirán de forma semanal.
El nuevo boletín oficial pone fin a diez días sin actualizaciones sobre el impacto humano de la emergencia. Hasta el 24 de julio, las autoridades reportaban 5.546 fallecidos y 16.740 heridos.
En esta ocasión, el Gobierno informó que 6.462 personas las rescataron y que 60.992 han recibido atención hospitalaria desde que ocurrieron los sismos. Sin embargo, el reporte no actualiza el número de heridos ni precisa cuántos pacientes permanecen hospitalizados.
Publican número de fallecidos por terremotos
El informe también detalla avances en la recuperación de las zonas afectadas. Según el Ejecutivo, se han evaluado 43.679 viviendas, de las cuales 41.624 presentan algún tipo de daño.
De ese total, 25.325 fueron catalogadas como habitables, 9.866 presentan restricciones de uso y 6.433 fueron clasificadas con alto riesgo estructural.
Asimismo, las autoridades indicaron que 287 viviendas ya fueron entregadas a familias damnificadas.
En cuanto a las labores de recuperación, el boletín señala que se han retirado 346.755 toneladas de escombros, lo que representa 16,51% del volumen total estimado.
El Ejecutivo aseguró que continúan las operaciones de limpieza, evaluación de edificaciones y atención médica en las zonas más afectadas por los terremotos, especialmente en Caracas y La Guaira.
No hay cifras de desaparecidos
Igualmente, el Gobierno no ha informado una cifra oficial de desaparecidos, pero el sitio Venezuela Reporta calcula el total en 41.300, mientras que otras fuentes consideran números inferiores o superiores. La incertidumbre es latente.
La ONG venezolana Provea exigió este lunes al Gobierno actualizar el número de fallecidos y de desaparecidos, esta último congelada desde el 25 de junio, cuando las autoridades informaron de 157 personas sin localizar.
Otras iniciativas de ciudadanos como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido y, según Provea, no hay «un registro público que respalde».
El pasado 24 de julio, al cumplirse un mes de los terremotos, Jorge Cattaneo, director global de la ONG Ayuda en Acción, dijo a France 24 que “se habla de 40.000, de 50.000, de 70.000” desaparecidos, pero aclara que “no es que se esté ocultando información”. En todo caso, apuntó a las dificultades que existen en las bases de datos porque, en muchos casos, se denunció la desaparición dos veces. “Cuando se trata de personas desaparecidas y en una magnitud tan grande y tan grave, no es sencillo”, fundamenta.

ACN/MAS/Agencias
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