Sucesos
Espacio Público registró más de 50 violaciones a la libertad de expresión en diciembre 2020
Según el informe de Espacio Público del mes de diciembre de 2020 se cometieron 54 violaciones a la libertad de expresión, siendo la intimidación, la censura y las restricciones administrativas los patrones más frecuentes.
Estas violaciones se tradujeron en 29 casos donde los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado.
El último mes del año estuvo marcado por un evento electoral en el que el impedimento a la cobertura, el hostigamiento, la intimidación y la censura, de manos de funcionarios de seguridad fue común en todo el país.
Efectivos de la Guardia Nacional, milicianos, y militares del Plan República negaron el acceso a periodistas, les gritaron, persiguieron, impidieron que capturaran fotografías.
El informe establece que incluso borraron gráficas de la jornada sin importar que trabajadores de los medios de comunicación portaran la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral.
Solo durante esta jornada registramos 25 violaciones a la libertad de expresión, en los estados Carabobo, Miranda, Sucre, Vargas, Táchira, Guárico, Lara, Anzoátegui y Caracas.
Espacio Público registró violaciones en la jornada del 6 de diciembre del año 2020
En Naguanagua, estado Carabobo, la mañana inició con el hostigamiento verbal sufrido por la periodista Leomara Cárdenas, corresponsal de Crónica Uno, por parte de una miliciana.
Según la denuncia, esta habría amenazado a Cárdenas, le prohibió tomar fotografías y le exigió que le entregara el teléfono celular.
«Me encontraba a 50 metros del centro electoral, ni siquiera había llegado a la puerta del colegio», explicó la corresponsal.
«En dos oportunidades me ofendió, me pidió que le entregara el teléfono y le dije que no porque es mi herramienta de trabajo y ella no es ninguna autoridad. Amenazó con buscar al comandante del Plan República el cual nunca llegó»,detalló.
Estado Miranda
En otro hecho, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le gritó y prohibió tomar fotos a la reportera de Crónica Uno, Omarela Depablos, mientras cubría una pauta en el centro de votación Ambrosio Plaza, en Los Teques, estado Miranda.
La restricción ocurrió mientras la reportera tomaba fotos en la entrada para registrar la participación.
“Un guardia me dijo a gritos que no podía tomar fotos, el motorizado le dijo que era periodista y nos dijo que nos fuéramos”, explicó la periodista.
Espacio Público: En Táchira también ocurrió el mismo patrón de restricción en diciembre 2020
En el estado Táchira, las periodistas Rosalinda Hernández del diario El Estímulo; Bleima Márquez, del portal La Nación Web; y Judith Valderrama, del Diario los Andes, fueron intimidadas verbalmente por efectivos del Plan República, cuando cubrían un centro educativo en el Barrio Alianza.
“Nos acercamos al sitio y empezamos a hacer unas imágenes del centro de votación, y un militar nos dijo en un tono grosero que no podíamos hacer fotos».
«Le dijimos que éramos periodistas y él nos reiteró que no podíamos fotografiar (…) Al final nos dijo que si no nos retiramos nos iba a sacar por las ‘malas’”, señaló Hernández en una entrevista realizada por Espacio Público.
Funcionarios del Plan República fotografiaron las credenciales y los documentos de identidad de la corresponsal del diario El Tiempo, Andreina Itriago, mientras cubría la jornada electoral en el Polideportivo La Boyera en Caracas.
El hostigamiento judicial como arma para callar la denuncia
Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, fue citado nuevamente a declarar ante la Fiscalía número 22, después de denunciar a través de un informe las rutas del narcotráfico usadas en la frontera venezolana.
El 3 de diciembre declaró por más de cuatro horas en lo que calificó como un proceso de intimidación que busca silenciarles.
En entrevista para Espacio Público destacó que consignaron una denuncia formal sobre las pistas clandestinas y la presencia de grupos paramilitares como el ELN y las FARC en territorio venezolano.
Violaciones en la red
El parlamentario José Brito hostigó al periodista Víctor Amaya a través de mensajería directa de Twitter.
El reportero publicó una foto donde se veían personas durmiendo en uno de los centros de votación el 6 de diciembre.
Al respecto Brito ofreció una rueda de prensa indicando que las imágenes eran viejas, por lo que Amaya publicó un mensaje irónico en su perfil, que resultó el detonante de los insultos del diputado.
La semana siguiente del evento electoral impulsado por Maduro, la sociedad civil y la Asamblea Nacional llevaron adelante una Consulta Popular.
Espacio Público registró más de 50 violaciones a la libertad de expresión en diciembre 2020
El observatorio de Internet VE Sin Filtro denunció que la estatal Cantv bloqueó los servidores de la aplicación Voatz, principal herramienta para la participación en la Consulta.
Ve Sin Filtro puntualizó que el bloque afectó el protocolo de control de transmisión o TCP, que está relacionado con el IP y sirve para determinar cómo transmiten los datos los diferentes dispositivos conectados a la red.
Reiteraron que el bloqueo no tuvo que ver con la lentitud de la aplicación, pero sí afectó la transmisión de datos ocasionando errores diferentes en dispositivos Android y iOS.
El pasado 26 de diciembre VE Sin Filtro también registró una caída de Internet de la proveedora estatal CANTV.
A partir de las 10:50 de la mañana la conectividad había caído casi a cero. Dos horas después ya había una recuperación de 40% en la conectividad.
Reporte de Espacio Público
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Sucesos
En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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