Nacional
Quién es Ernesto Guevara, el propietario de vivienda que explotó en Lechería
Este martes se registró una explosión en una vivienda en el complejo residencial Pueblo Viejo de la ciudad Lechería que dejó al menos un muerto y cuatro heridos, según el fiscal general de la República la propiedad es del contratista venezolano Ernesto Guevara.
Según artículos de investigación de medios venezolanos, el hombre señalado como el propietario de la vivienda es un contratista “investigado por manejo irregular de dólares y por negocios con Bariven, filial de la petrolera estatal PDVSA, que habría conseguido gracias al entonces presidente de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), Luis Pulido detenido en 2010 acusado de corrupción al comprar grandes cantidades de comida y esperar su descomposición para generar nuevos encargos.
Quién es Ernesto Guevara
El portal especializado Poderopedia advierte también que Guevara “administró PDVSA, donde tuvo contratos directos con Citgo en Texas,” y que durante ese periodo tuvo una flotilla de aviones privados que aterrizaban en la ciudad de Anaco “cada tres días cargando grandes cantidades de dinero” y que decomisó Robert Aranguren, comisario encargado de la policía estatal de Anzoátegui.
Guevara preside Ingeniería, Mantenimiento y Proyectos del Lago, C.A., con un 50% de las acciones y de Servicios técnicos industriales Anaco 81, C.A. (STIACA), de esta última posee el 7.47% de las acciones y tiene dentro de sus principales clientes a PDVSA y PDVSA Gas, según Poderopedia.
La explosión en su vivienda este martes ha generado sospechas y múltiples hipótesis debido a su vínculo con la petrolera estatal, y en un momento en el cual el régimen chavista se mantiene firme en su purga para “limpiar PDVSA” y ha detenido a más de 80 venezolanos desde el pasado 17 de marzo por presunta corrupción en empresas estatales del país.
Con información de Infobae
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Nacional
AN prepara una ley para “proteger” las pensiones ante el “bloqueo criminal” de EEUU
La Asamblea Nacional, AN prepara una ley para proteger las pensiones ante el “bloqueo criminal” de EEUU., al aprobar este jueves 2 de mayo la creación de una ley propuesta por el Ejecutivo.
El proyecto de ley presentado ante el Legislativo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Quien señaló que la normativa contempla un “aporte especial” que deberán dar los empresarios para mejorar las pensiones, actualmente en 130 bolívares mensuales, unos 3,5 dólares al cambio oficial.
La ley, que será sometida a consulta para luego ser discutida por segunda vez el próximo martes, cuando esperan aprobarla. La misma establece que la aportación será calculada con base en “la nómina que hoy pagan los empleadores privados, tanto por salario como por bonificaciones no salariales”. Según explicó la vicepresidenta.
AN prepara una ley para proteger las pensiones
Rodríguez -también ministra de Economía- afirmó que la ley contempla el “rechazo a cualquier tipo de jurisdicción extranjera o de medida coercitiva unilateral que se pretenda aplicar en la República Bolivariana de Venezuela”.
Según el Gobierno, Venezuela cerró el primer cuatrimestre del año con pérdidas parciales superiores a los 2.000 millones de dólares en sus ingresos como consecuencia de las sanciones estadounidenses.
El presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, dijo que están en la “obligación” de sancionar el proyecto de ley el martes próximo, 7 de mayo. Por lo que nombró una comisión mixta conformada por la Comisión de Desarrollo Social y la de Economía para “hacer las debidas consultas”.
Desde marzo de 2022, la pensión, así como el salario mínimo, se mantiene en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, y hoy 3,5 dólares. Lo que significa que se ha reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
En el país, adultos mayores se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral. Como una necesidad para poder subsanar su “incapacidad para alimentarse” o comprar medicinas, en medio de la crisis que aún vive la nación, según la ONG Convite.
ACN/MAS/EFE
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