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Devastación minera es rechazada por la iglesia venezolana

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Iglesia rechaza devastación minera
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José Ángel Divasson, Monseñor Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) expresó la preocupación de la Iglesia venezolana y del mundo ante la depredación y devastación ambiental en el país producto de las actividades mineras sin control.

Divasson indicó que “la Iglesia en Venezuela junto con la de nuestro continente y de todo el mundo, se siente preocupada por la depredación de la naturaleza y el descuido y exclusión de los pobladores de las zonas devastadas”.

Durante la rueda de prensa realizada por la Conferencia Episcopal también  activistas en defensa del medio ambiente expresaron su preocupación.

María Elena Febres indicó que “más allá de las declaraciones utópicas, la apertura de concesiones sumado a la presencia de personas y grupos dedicados a la minería ilegal han multiplicado los escenarios de explotación minera en amplias regiones y en muchos casos en condiciones de auténtica devastación”.

Remarcó Febres que la “comunicación oficial de los proyectos presentados como solución de problemas nacionales e impulso del desarrollo, no se ha visto acompañada por notificaciones concretas de su desempeño real”.

Minerva Vitti, del Centro Gumilla apuntó que las diferentes organizaciones indígenas han denunciado en reiteradas oportunidades “antes las autoridades competentes frecuentes atropellos a sus derechos, pero de ordinario han recibido como respuesta el silencio y represalias”.

Héctor Escandel, de la Red Eclesial Panamazónica (Repam- Puerto Ayacucho) explicó que “nosotros tenemos que ir es en contra de la imposición de ese modelo depredador, que en este caso tiene un apellido extractivista, pero extractivista es todo, todo lo que nosotros hacemos es extraer de la naturaleza, lo cuestionable es como se extrae y para que.

Para Escandel en la actualidad Venezuela se encuentra en un camino de un “modelo de desarrollo depredador priorizando una economía que no es una economía para los seres humanos, que genere bienestar, es una economía para la acumulación, que genera riqueza, que genera exclusión, que genera pobreza, ese modelo económico es el que hay que desmontar”.

ACN/NTN24

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Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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