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Defensoría del Pueblo debe velar por los más de 11 mil afectados de Bolívar

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La Defensoría del Pueblo, debe  velar por las garantías constitucionales y derechos humanos de los más de 11.772 afectados  en el estado Bolívar;  producto de la crecida del río Orinoco, que este jueves superó la cota de 18.04 metros sobre el nivel del mar.

El concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez, acudió a la sede de este organismo ubicada en  Puerto Ordaz, para solicitar al titular encargado de este despacho, Keni Vargas; responde a las familias que lo han perdido todo.

De acuerdo al balance presentado por el edil,   hay afectados: 738 lactantes, 738 niños; 316 adolescentes, 1078 adultos, 242 adultos mayores y 17 discapacitados. Esta lista  componen el grupo de ciudadanos que ha quedado en condiciones deplorables, solo en el municipio Caroní.

“Ya basta que el alcalde fantasma de Caroní,  no se ocupe de sus responsabilidades; por eso estamos en la Defensoría apelando al artículo 15 de la Ley Orgánica que rige a este organismo;  que los obliga a velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como amparar y proteger intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas».

Instalación de mesa técnica

El concejal aseguró que es necesario  que se instale una mesa técnica conjunta,  para atender a los más afectados por la contingencia.

Acompañado de un grupo de militantes de Primero Justicia, Yáñez reiteró que en los lugares habilitados como refugio;  no cumplen con las condiciones básicas, para la estadía de estas personas.

El edil  hizo mención que en estos sitios, hay hacinamiento y brotes de enfermedades como dengue; paludismo, entre otras, consecuencia de las aguas estancadas.

Yáñez emplazó al Defensora del Pueblo,  a que  exhorte  a los organismos y autoridades competentes  a realizar las acciones necesarias;  para garantizar los principios más básicos y fundamentales, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República vigente.

ACN/NP

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Nacional

Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional

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Población respalda capital privado en sector eléctrico - Agencia Carabobeña de Noticias
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Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.

Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.

La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.

El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.

Población respalda capital privado en sector eléctrico

Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».

En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.

La realidad salarial

Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.

En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.

En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.

Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.

De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.

El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.

ACN/MAS/Banca y Negocios

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