Internacional
Curazao se suma a la avalancha de demandas contra PDVSA por deudas
Curazao se suma a la avalancha de demandas contra PDVSA; por la falta de pago de miles de millones de dólares.
ConocoPhillips tomó activos de Pdvsa en el Caribe. Los bienes estarían valuados en 636 millones de dólares. Curazao autorizó a ConocoPhillips a embargar activos de Pdvsa, con la cual se suma a la avalancha de demandas contra la estatal petrolera de Venezuela; por deudas prescritas, advertidas y anunciadas con tiempo.
ConocoPhillips, compañía petrolera estadounidense; recibió este sábado la autorización de una corte judicial de Curazao; para embargar 636.000.000 dólares en activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La decisión forma parte de un litigio, de 2.000.000 de dólares, iniciado hace más de una década por la compañía norteamericana tras la nacionalización de los proyectos de explotación petrolera en Venezuela, reseñó Reuters.
El dictamen de la corte detalla que la isla de Curazao está en la potestad de adjuntar “petróleo o productos derivados del petróleo, en los barcos y en los depósitos bancarios”.
ConocoPhillips ha indicado que continuara aplicando acciones similares hasta recibir la totalidad del monto adeudado por Pdvsa.
Acorralada PDVSA por deudas
Acorralada PDVSA por deudas y avalancha de demandas. Demandaron a Pdvsa por 25 millones de dólares en tribunal de Nueva York. La estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue demandada este miércoles; en un tribunal de Nueva York por la falta de pago de 25 millones de dólares. El proceso legal fue abierto por SNC-Lavalin, una compañía canadiense de ingeniería y construcción.
También una compañía rusa, Rusoro de Canadá; busca apoderarse de los activos de Citgo en Venezuela; y ya en 2016, la compañía recibió 1,2 millardos de dólares por daños y perjuicios.
Avalancha de demandas contra PDVSA
“Esto comenzará una avalancha de acciones legales”, comentó Russ Dallen de Caracas Capital; un banco de inversión que sigue de cerca a Venezuela, reseñó Financial Times.
La demanda fue abierta por SNC-Lavalin; una compañía canadiense de ingeniería y construcción; que ha sido uno de los proveedores que han aceptado los pagarés desde mayo de 2016.
Según el portal web, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; había dicho en noviembre a los tenedores de bonos que buscaría renegociar; aproximadamente 100.000 millones de dólares en bonos emitidos por el gobierno y Pdvsa; sin embargo, en abril se conoció que en septiembre de 2017 se había detenido el pago.
Rusoro de Canadá busca apoderarse de los activos de Citgo
Rusoro, compañía minera de origen ruso y con sede en Canadá, busca apoderarse de los activos de Citgo como parte de una disputa de arbitraje, según un documento presentado el lunes en el Distrito Sur de Texas.
La batalla legal entre la minera y el gobierno venezolano empezó en 2012, después de que Rusoro introdujera un recurso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo adscrito al Banco Mundial, por violentar las disposiciones contempladas en el Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Venezuela (TBI).
El lunes 22 de agosto del 2016, el Ciadi falló a favor de la empresa canadiense, que recibió más de $ 1,2 millardos de dólares en daños y perjuicios cuando un tribunal del Banco Mundial dictaminó que el gobierno venezolano había confiscado ilegalmente la mina de oro de la compañía.
ACN/Reuters/elnuevoherald/ Financial Times
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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