Internacional
Brasil pidió suspender norma que limita derechos de venezolanos
El gobierno de Brasil pidió a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente una medida dictada por la administración regional de Roraima; estado en la frontera con Venezuela, que restringe el acceso de los inmigrantes y refugiados venezolanos a servicios como la salud y la educación.
La suspensión fue solicitada por la Abogacía General de la Unión (AGU); el órgano de asesoría legal de la Presidencia; y que considera las restricciones inconstitucionales por negarle derechos fundamentales a los inmigrantes aceptados por Brasil; como la humanidad y la dignidad.
Cabe destacar que Roraima, el estado del norte de Brasil por el que entran todos los venezolanos que solicitan refugio en el país, publicó esta semana un decreto que restringe el acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos.
Salud y educación de venezolanos en Brasil
El decreto de la gobernadora de Roraima, Suely Campos; determina que el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ofrecidos por el gobierno regional, como salud y educación; pasarán a control de las fuerzas de seguridad.
La medida establece que los venezolanos que busquen acceso al Hospital General de Roraima, la mayor unidad de emergencia de la región; sean instruidos a acudir a puestos médicos abiertos por el Ejército para atender a los inmigrantes.
Igualmente condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte; pese a que la gran mayoría no lo tiene; y autoriza a las fuerzas regionales de seguridad a restringir la movilización de los venezolanos.
En el mes de abril, la gobernadora de Roraima había solicitado a la Corte Suprema, el cierre provisional de la frontera de Brasil con Venezuela; para frenar y controlar la entrada de venezolanos ya que la gobernación alega que no tiene capacidad para atender esa demanda, debido a que este es el estado más pobre de Brasil.
ACN/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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