Nacional
En 18 días de marzo se registraron 50 casos de agresión contra periodistas en Venezuela
Miembros del Registros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, evidenciaron que desde la llegada del equipo técnico; de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU); aumentaron las agresiones contra periodistas en el país.
Durante los primeros 18 días del mes de marzo, se registraron 50 casos de agresiones y ataques contra trabajadores de la prensa. La cifra, indicada por IPYS resalta que el riesgo para los trabajadores de la prensa; aumentó tanto nacional como internacional, pues ocurrieron 53 incidentes en el primer trimestre del 2018; mientras que en los primeros 76 días del año 2019, ascendieron a 178.
Siete de cada 10 casos
En el informe, se detalló que “siete de cada 10 de los hechos que se registraron en las dos primeras semanas de marzo; implicaron agresiones de calle, ataques y hechos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación. También, hubo detenciones arbitrarias, medidas de censura y restricciones al acceso a la información pública”, detalló.
Señalaron, que el patrón que se mantuvo fue el abuso de poder por la participación directa de funcionarios públicos e instituciones estatales; esto ocurrió, en más de la mitad de los casos registrados, en 10 estados del país.
«Las condiciones han seguido deteriorándose desde 2018»
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos; destacó que las condiciones en Venezuela “han seguido deteriorándose desde 2018”; y que grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, ancianos y pueblos indígenas han sido particularmente afectados.
Asimismo, destacó que en Venezuela existe una crisis de “gravedad”; que alcanzó el área de salud, servicios básicos y alimentos, lo que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos y su calidad de vida.
ACN/El Nacional/Foto: IPYS
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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