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Alimentos, oro y petróleo, verdadero poder de militares

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Alimentos, oro y petróleo - acn
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La frase (slogan) que Nicolás Maduro hace repetir a sus seguidores, “¡Leales siempre, traidores nunca!”…  Y estos días en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles; el oficialismo cuenta con un ingrediente extra para asegurarse la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país. El papel preponderante que el chavismo asignó a los uniformados en la economía de Venezuela se vería amenazado en un régimen democrático como el que propone el presidente interino Juan Guaidó .

Alimentos, oro y petróleo,  el verdadero poder de los militares en Venezuela

“A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos”, explicó a La Nación Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que el año pasado publicó el informe “El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela”.

Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana dirige desde hace año y medio  la estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional.

La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional, es dirigida desde hace año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, mayor general sin experiencia en la materia.

El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.

Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Invesp, indicó que hoy “es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control”.

Las áreas económicas que escapan de la administración castrense son “espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca”, dijo Jacome. “Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados”, señala.

Garantía

La creciente inserción de los militares en la economía marcha coincide con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a cerca de 15 dólares mensuales, ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.

“¡Leales siempre, traidores nunca!”

Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.

La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría “desarmar” este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. “Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro”, estimó San Miguel.

Por su parte, Jacome agregó: “En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar”.

La especialista estableció además una relación directa entre el creciente papel militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. “Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza”, concluyó.

ACN/Invesp

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Familiares de venezolanos asesinados en protestas de 2017 piden justicia

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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 - Agencia Carabobeña de Noticias
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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela. La Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) lo exigió este viernes 26 de abril para que se aplique una “justicia genuina” para los casos de los ciudadanos que murieron hace años, al tiempo que denunciaron que el sistema judicial “relega a las víctimas y protege a los victimarios”.

“Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, Sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada”. Señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.

Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que “relega a las víctimas y protege a los victimarios, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje”. Afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.

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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela

Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que “el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e, incluso, la muerte. Y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos”.

La alianza sostuvo que, a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.

“No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa”. Apuntó.

A saber

  • La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias de la Asamblea Nacional (AN), entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela. 

ACN/MAS/EFE

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