Nacional
Piden meter la lupa a funcionarios en frontera por tráfico de billetes
Los gerentes y demás personas con altos cargos en las entidades bancarias no deben ser el único blanco. La operación Manos de Papel también tiene que tener en la mira a los funcionarios que están en la frontera colombo-venezolana y permiten el tráfico de billetes.
Ese fue el exhorto de la gobernadora del estado Táchira, Laydi Gómez. Ella hace referencia al operativo que emprende el Ejecutivo para desarticular bandas dedicadas al tráfico de dinero en efectivo.
La autoridad regional se preguntó por qué los billetes llegan al departamento Norte de Santander, zona fronteriza con el estado Táchira.
La máxima autoridad de esa región dudó de la eficiencia de los efectivos castrenses para impedir el tráfico de billetes venezolanos hacia Colombia. «Tenemos que revisar a los funcionarios que permiten que este tipo de delitos se materialice», pidió la gobernadora.
Tráfico de billetes en frontera
Por estar presuntamente incursos en acciones irregulares de registro de compra y venta de vehículos. Fueron detenidos el destituido registrador principal, Marcos Labrador, y el registrador primero mercantil Franklin Jairrán. Las operaciones las tramitaron en los concesionarios intervenidos por el Gobierno en la operación.
Las autoridades aprehendieron a otros dos hombres que ocuparon altos cargos. Se trata de un exjuez quien estuvo frente a tribunales penales y formó parte de la Corte de Apelaciones del Táchira entre 2005 y 2014. Además del director regional del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Carlos Guerrero.
El protector del Táchira, Freddy Bernal, confirmó la información y detalló que al grupo, a excepción del exjuez, los investigan por corrupción agravada y asociación para delinquir.
En el caso de Labrador y Jairrán «en los allanamientos encontraron automóviles que se vendieron cinco veces en un mes. Nunca cambiaron de dueño, con la finalidad de consolidar la legitimación de capitales”.
Se trata de toda una red de tráfico de billetes donde también están implicadas algunos trabajadores de estaciones de servicio que llenaban los tanques de los vehículos para pasarlos a la frontera con Colombia.
ACN
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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