Sucesos
Madre de boxeador fallecido en calabozo del CICPC: “La jueza le negó el derecho a la vida”
Robert Alexis Bolívar Galán resultó detenido cuando pesaba 98 kilos, pero este 1 abril murió pesando 56 kilos y una fatídica enfermedad en los calabozos del CICPC de Maturín, estado Monagas.
Tras su audiencia de presentación, Robert Alexis fue liberado porque no había suficientes pruebas para inculparlo.
Pero el 26 de agosto de 2022 resultó aprehendido nuevamente y presentado ante la justicia.
Ese mismo día Robert admitió los hechos porque la abogada pública le recomendó hacerlo.
“En un juicio te van a dar 17 años”, le dijo la jurista en aquella oportunidad para obligarlo a desistir de su defensa como persona inocente.
Bolívar tenía 30 años de edad, boxeador, atleta de alto rendimiento y padre de una niña de 3 años
Robert fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión, pero en vez de ser trasladado a un recinto penitenciario como lo establece la ley, fue ingresado a una celda de 10×5 metros junto a otros 276 detenidos en la sede del CICPC en Maturín.
En esas oscuras y frías celdas, los presos deben turnarse para dormir un par de horas cada uno.
Aunque a veces ni siquiera pueden descansar porque se sienten asfixiados por el hedor que emana del baño compartido, y que deben soportar incluso cuando comen.
Los padres de Robert relataron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que ellos nunca abandonaron a su hijo y todos los días le llevaban comida.
Podían verlo cada 15 días durante 5 minutos, suficientes para observar cómo estaba sufriendo.
Libis Galán, madre del boxeador fallecido, vivió su peor pesadilla en carne propia.
Veía a su hijo consumirse con el tiempo y, aunque pensó que nada podía ser peor, en diciembre del 2022 lo vio derrumbarse ante una terrible enfermedad.
Robert comenzó a presentar picos de fiebre muy alta que sobrepasaba los 40 grados
. Las medicinas tampoco contrarrestaban los síntomas, por lo que desde ese mismo mes solicitó un permiso al Tribunal de Ejecución 2 para llevarlo a una revisión médica.
Nunca recibieron respuesta.
Los primeros días de enero del 2023, los padres lograron trasladar a una enfermera hasta el CICPC, quien le tomó muestras de sangre para realizarle varios análisis.
Asimismo, los familiares le tomaron la muestra para la prueba de esputo, porque ya tenían conocimiento de que había varios presos enfermos en esos calabozos.
El resultado salió positivo para tuberculosis, y al mismo tiempo se enteraron que Robert tenía VIH.
Con estos análisis en mano, los familiares acudieron a tribunales para pedir una autorización de traslado para otra revisión médica, la cual finalmente fue aprobada.
En ese momento, el médico forense indicó repetir la prueba de esputo en un centro de salud público, así como la revisión de un neumólogo y una radiografía de tórax.
Los padres del boxeador no paraban de hacer diligencias, pues observaban como su hijo se iba deteriorando físicamente. Una vez que se corroboró el diagnóstico, desde el área de epidemiología del estado Monagas le suministraron el tratamiento para la tuberculosis.
En ese sentido, la señora Libis relató a OVP con mucho dolor que este tratamiento no le cayó bien a su hijo, lo hacía vomitar en repetidas oportunidades, perdió el apetito y le bajaron las defensas.
Al mismo tiempo, el médico forense ordenó que Robert permaneciera en un ambiente adecuado con acompañamiento de un familiar.
Es por esta razón que los familiares solicitaron una medida de casa por cárcel porque con el tratamiento adecuado el joven tenía más oportunidades de vivir.
“La jueza solo decía que estaba bien, que él no tenía nada”, comentó la madre, quien también recordó que el joven boxeador fue trasladado en distintas ocasiones a un centro asistencial donde solo lo hidrataban, le inyectaban un Diclofenac y lo mandaban de vuelta a los calabozos.
“Nunca lo dejaron hospitalizado por ser un preso”, sentenció
Por si fuera poco todo lo que estaba viviendo, los reclusos del CICPC comenzaron a rechazar a Robert, a causa de los constantes vómitos, e incluso amenazaron con asesinarlo.
En la delegación del CICPC, en la que solo hay un calabozo, optaron por esposarlo en un pasillo a la intemperie, donde había corrientes de aire y no tenía acceso a un baño.
Hacía sus necesidades cada tres días en un pote de plástico.
“Llevamos al menos 10 escritos a la jueza. Mi hijo le escribió una carta contando todo, yo le escribí, los abogados públicos hicieron las peticiones y hasta el comisario de esa delegación, al darse cuenta que mi hijo podía morir, le mandó fotos y videos de su estado. Ella decía que todo era mentira, que él estaba bien. La jueza le negó el derecho a la salud y a la vida a mi hijo, ella lo condenó a morir”, sentenció la madre de Robert.
El 28 de abril, con 42 kilos menos de los que había ingresado tan solo meses atrás, el joven fue trasladado hasta el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín.
Tenía las plaquetas en 43 y la hemoglobina en 4. La madre aseguró que tuvo un cuadro de pancitopenia y, según le explicaron los médicos, el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre, era más bajo de lo normal.
“Nosotros como padres hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero Robert murió a las 2:00 de la tarde del 1 de abril. No pudo luchar más”, manifestó su madre.
En otro orden de ideas, Libis relató a OVP que el 2 de abril cuando lo fueron a enterrar pasaron por los tribunales del estado Monagas, en donde se detuvieron con el féretro de su hijo y protestaron durante al menos cinco minutos. Los afligidos familiares culpan a la jueza segunda de ejecución por el lamentable deceso.
Asimismo, aseguró que el presidente del Circuito Judicial vio de lejos toda la protesta y ordenó a los alguaciles que los desalojaran.
Para concluir, los padres del boxeador claman por una investigación sobre la muerte de su hijo, a quien consideran una víctima del colapso penitenciario en Venezuela.
Así como también piden atención médica urgente para los otros presos enfermos dentro de los calabozos del CICPC en Maturín, quienes no reciben atención médica y mucho menos medidas humanitarias.
Nota de prensa
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Sucesos
En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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