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Oposición exige liberación de ocho militares secuestrados en combates

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Oposición exigió liberación de ochos militares - noticiacn
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La oposición exigió liberación de ochos militares secuestrados por grupos armados colombianos, que identifica como disidentes de las FARC; en medio de los enfrentamientos armados que se desarrollan en el estado Apure, fronterizo con Colombia.

En un debate virtual, los opositores que respaldan a Juan Guaidó volvieron a responsabilizar al Gobierno de Nicolás de Maduro por los hechos que se registran en la zona fronteriza y por el secuestro de estos militares ocurrido el pasado 23 de abril;, según un comunicado que recibió el Comité Internacional de la Cruz Roja, por parte de un grupo disidente de las FARC.

La exdiputada Gaby Arellano denunció que producto de la “alianza” que tiene Maduro con líderes de las FARC; se le permite al “terrorista Iván Márquez, buscado por la justicia internacional” ejecutar “órdenes estratégicas a militares venezolanos que están en Apure, en defensa de sus negocios ilícitos”.

Aseguró que por esta razón el frente disidente de las FARC de “Gentil Duarte” secuestró a los 8 militares venezolanos.

Oposición exigió liberación de ochos militares

Por su parte, el exparlamentario Juan Carlos Bolívar denunció que las tropas militares venezolanas enviadas a Apure están abandonadas; por lo que exigió al alto mando de las Fuerzas Armadas que ofrezca información sobre el “estado de salud de los funcionarios castrenses”.

Apure es epicentro de un conflicto armado desde el pasado 21 de marzo; la información oficial sobre lo que sucede en esa zona es escasa.

Las autoridades venezolanas informaron, en un primer momento, sobre el fallecimiento de 8 soldados y 9 “terroristas”; posteriormente indicaron que habían fallecido “varios” militares y hasta el día de hoy se desconoce la cifra total de decesos.

La ONG de derechos humanos Fundaredes denunció también que hay 3 militares desaparecidos;, pero sobre ellos las autoridades no han ofrecido información.

ACN/MAS/EFE

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Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias
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El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.

“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.

En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.

González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias

El Informe Anual de Provea

Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).

Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.

“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.

Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.

ACN/MAS/EFE

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