Sucesos
Profanan tumbas de los presos que murieron en tragedia de Policarabobo
Profanan tumbas de los presos que sepultaron en el Cementerio Municipal de Valencia. Estos reclusos murieron en la tragedia de Policarabobo.
La denuncia de la presunta comisión del delito de profanación de tumbas y profanación de cadáveres, la hicieron familiares y el Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola.
La información la aportaron a los medios, los parientes y la abogada Constitucionalista Lyli Ladimar López Vásquez; quien también es Directora General Nacional de la Fundación Pro Defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden.
Algunas tumbas están completamente vacías, mientras que otras muestran evidencias de incursiones por parte de los supuestos profanadores.
La activista de los Derechos Humanos sostuvo que la profanación de tumbas y profanación de cadáveres está previsto y sancionado en el artículo 171 y 172; ambos del Código Penal vigente.
Ante este presunto envilecimiento, dijo que, «le pedimos al Ministerio Público aperture investigación penal y sea acumulada a la causa GP01-P-2018-5175 caso Policarabobo”.
Recordó la abogada López Vásquez, que es del conocimiento público, que el Comité de Víctimas de la tragedia de Nava Spinola Carabobo, solicitó la exhumación de varios cadáveres.
Agregó, que la razón de la exhumación es porque se presume, que no murieron por asfixia mecánica ni por sofocación; como señalan los protocolos de autopsia de los 69 occisos.
Los familiares de los privados de libertad denuncian que muchos de ellos presentan heridas por el paso de proyectil disparados por arma de fuego.
Si bien es cierto, que utilizan restos humanos para santería y otros actos de espiritistas; hay la posibilidad de “desaparecer evidencias” y así impedir la exhumación a los cadáveres. Profanan tumbas de los presos que murieron en tragedia de Policarabobo.

Posiblemente quieran «desparecer evidencias», dijeron los parientes. (Foto: Cortesía David Rojas)
Piden exhumación de cadáveres
El 06 de noviembre de 2019, los familiares pidieron la exhumación de los cadáveres, específicamente de nueve, de las 69 personas que fallecieron en la tragedia de Policarabobo.
La finalidad es determinar la real causa de sus muertes, informó la abogada Constitucionalista, Lyli Ladimar López Vásquez, Directora General Nacional de la Fundación Pro Defensa de los DDHH Libertad Justicia y Orden.
López Vásquez, también representante del Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola; sostuvo que acudieron ante el doctor Dixon Pérez Mota, fiscal Trigésimo Quinto del Ministerio Público con competencia en Protección de Derechos Humanos de la Circunscripción del estado Carabobo.
Este requerimiento lo hicieron como consecuencia de una reunión llevada a cabo en la Fiscalía Superior del Estado Carabobo, el día 24 de Septiembre del 2019.
Los llevó a pedir la exhumación en virtud de la falta de certeza acerca de las reales causas en que murieron las victimas (occisos) debido a las condiciones en que se practicaron las autopsias; que coincidencialmente, concluyeron todas en que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por sofocación.
También adujo López Vásquez, que la forma en que se realizaron las inhumaciones, no habrían cumplido con los protocolos del caso, comprometiendo las resultas con la investigación iniciada con los hechos; a estos efectos, familiares destacan que las causas de las muertes fueron otras.

Le piden al Ministerio Público aperture investigación penal y lo agregue al caso de Policarabobo.
Aún sin acordar medida de protección
Continúan las amenazas a su vida la abogada Lyly López Vásquez, quien encabeza el Comité de la Verdad y de la Justicia de las Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola.
Ante esta situación, la profesional del derecho acudió el martes 22 de octubre ante la Fiscalía 35° del Ministerio Público; pero hasta la fecha, 157 11/19/; no le han acordado la medida de protección.
“Las amenazas y llamadas telefónicas aún persisten. Esos son los riesgos que corremos los defensores de los DDHH por lograr justicia, espero que en los próximos días me la acuerden”, manifestó López Vásquez.
ACN/@rubbol2006
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Sucesos
En Venezuela murió un preso cada dos días durante el 2025, dice informe de OVP
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025. El sistema penitenciario en el país se consolida como una fosa común de impunidad y tortura, situación que fue expuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)este martes 2 de junio en la presentación de su Informe Anual 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
“El problema de las cárceles en el país tiene décadas, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia. En 27 años bajo la Constitución de 1999, el Estado venezolano ha tenido todas las oportunidades para construir un sistema penitenciario serio, humano y respetuoso, donde quien ingresa por haber cometido un delito salga al menos con las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Eso no ha ocurrido por una razón que puede resumirse en una sola frase: falta de voluntad política”, manifestó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, recalcó que la crisis penitenciaria es un problema multifactorial y el resultado de la inacción de cinco instituciones. “La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en la realidad venezolana funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela”.
En Venezuela murió un preso cada dos días durante 2025
Durante el último año, desde el OVP hemos documentado el fallecimiento de 181 privados de libertad en cárceles y calabozos policiales; es decir, que un preso murió cada dos días. 158 reclusos fallecidos en centros penitenciarios y 151 por falta de asistencia médica, lo que representa el 95.57 % de las muertes que se registraron durante el 2025, cifras que se traducen en muertes por negligencia del Estado; mientras que en los calabozos policiales murieron 23 internos.
Desde el año 2015 hasta el 2025, han fallecido 26 presos políticos de los cuales 4 fueron en 2025; entre ellos está la muerte de Víctor Quero Navas, cuyo caso consternó al país por la crueldad con la que trataron a su madre. Al respecto, el Ministerio solo anunció que iniciaría una investigación, pero hasta la fecha desde el día de la exhumación no hay datos concretos ni responsables.
De la misma forma y tras años de investigación del OVP, tenemos que desde el año 1999 hasta el año 2025 hemos documentado la muerte de 8.111 privados de libertad fallecidos en cárceles y un total de 17.965 presos heridos.

Períodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro
Para el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) fueron 5.657 las muertes que se registraron, mientras en el gobierno de Nicolás Maduro (2013 – 2025) fueron 2.454 las víctimas. En nuestros registros también tenemos como desde el año 2017 hasta 2025 murieron 1.356 personas, de los cuales 711 fueron por condiciones de salud, convirtiéndose en la principal causa de muerte en los centros penitenciarios de Venezuela.
Ahora bien, en Venezuela existen 52 penales, pero tan solo 39 están operativos desglosados en 35 centros exclusivos para hombres, una cárcel para mujeres, un internado judicial masculino destinado para mujeres y 11 cárceles con anexos femeninos.
Tenemos registrada una población penitenciaria de 26.694, que sobreviven en espacios diseñados para apenas 15.096, alcanzando un hacinamiento crítico que alcanza el 176,83%. En 2025, tal como ha sucedido durante años, hubo opacidad de información y no existió un registro sobre las cárceles que realmente estaban operativas.
75% de privados de libertad sin sentencia firme
De la totalidad de privados de libertad, solo 6.427 reclusos tienen una sentencia firme, más de 75 % se encuentra en condición de procesados. Asimismo, tenemos que, de la cantidad de privados de libertad, 24.149 son hombres y 2.545 mujeres, lo que equivale al 9.53 % de la población.
En nuestro informe también desglosamos las incidencias que se registraron durante el año 2025. En las cárceles hubo 12 personas heridas, 9 fueron en un motín y 3 presos que en distintas situaciones se intentaron suicidar. Asimismo, hubo una huelga de hambre colectiva, mientras en los calabozos policiales hubo 4 motines y una huelga de hambre.
Por otra parte, en los centros penitenciarios registramos un total de 21 fugas, pero solo 14 personas las recapturaron. En centros de detención preventiva, hubo 39 presos fugados y la mayoría ocurrieron en el recinto.
La cárcel como sentencia de sufrimiento
El informe de OVP desnuda la realidad de los privados de libertad que se encuentran recluidos en cárceles y centros de detención preventiva, donde la vida cotidiana es una lucha contra la desnutrición. La dieta se limita a granos y harinas; no existe un menú balanceado, lo poco que comen los internos lo proveen sus familiares al momento de la visita o cuando llevan paquetes.
Los presos tampoco tienen acceso a agua potable, viven en condiciones insalubres, no tienen acceso a atención médica y especializada, y vemos con preocupación como el derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas: prevención, diagnóstico, atención oportuna, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.
En el 2025, observamos como el aislamiento y la incomunicación fueron usados para agravar deliberadamente la salud mental de las personas privadas de libertad. “El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares”, destacó el director de OVP.

Humberto Prado
Sobre presos políticos
De igual manera, es particularmente grave la situación de los presos políticos, víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de los hechos documentados fueron cortes eléctricos focalizados, colgamientos y la aplicación del sistema Sippenhaft (represión extendida a sus familias), una práctica de herencia nazi, castigos en celdas de encierro, restricciones de las visitas.
De la misma forma, desde el OVP documentamos que las visitas en el Internado Judicial Rodeo I se realizaban bajo condiciones intimidatorias, sin privacidad y sin contacto directo entre la persona privada de libertad y su familiar, así como tratos humillantes, donde encapucharon a los familiares para guiarlos a la visita y la realización de operativos violentos en presencia de sus seres queridos.
Durante la presentación del informe, Humberto Prado reflexionó en cuanto al trato de los presos políticos y se preguntó: ¿por qué esta gente es tan cruel con los presos políticos?. Al mismo tiempo, recordó que los militares detenidos tras el intento de golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez afirmaron que, durante su reclusión, no fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios.
“Esto solo tiene una respuesta: esta gente disfruta con el dolor que infringen”, expresó Prado, quien además indica que todos los presos políticos tienen que estar en libertad, se tiene que aplicar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Grupos vulnerables
Dentro de lo que se califica como población más vulnerable se encuentran las mujeres privadas de libertad, personas LGBTIQ+ y adolescentes.
En cuanto a las mujeres, el informe del 2025 de OVP señala la deficiencia en la atención médica especializada, alimentación, acceso a agua potable y servicios sanitarios, espacios para maternidad y cuidado de hijos, así como acceso a programas educativos y recreativos, contribuyendo al deterioro de sus condiciones de detención, y al deterioro físico, emocional y mental de cada una de ellas.
En este punto es importante mencionar que de la totalidad de las 158 muertes que se registraron en cárceles, 5 de las víctimas eran mujeres que fallecieron por condiciones de salud por falta de atención médica oportuna.
Población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas…
En ese orden de ideas, para la población LGBTIQ+ tampoco no existen garantías mínimas de respeto a su dignidad, identidad, seguridad personal ni personal capacitado para brindar un trato adecuado. Es por ello que desde OVP nos atrevemos a asegurar que dentro de los centros de reclusión persisten prácticas de discriminación, subordinación y explotación contra quienes son identificados como homosexuales o forman parte de la población sexodiversa.
Por otra parte, persiste una opacidad en la información oficial sobre adolescentes privados de libertad que impidió a OVP dimensionar con claridad su situación. Sin embargo, se pudo evidenciar que sus condiciones de reclusión continuaron siendo igualmente deficientes, marcadas por el abandono estatal e institucional.
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomienda que el Estado venezolano debe rescatar el mandato constitucional y edificar una política penitenciaria de enfoque humanista, centrada en la descentralización y la reinserción social efectiva.
Este cambio requiere, de forma obligatoria, devolver la autonomía a las instituciones de justicia para que actúen sin sesgos políticos en defensa de los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar a los internos una vida digna basada en el acceso real a alimentación, salud y agua potable, además de un trato respetuoso hacia sus familias que permita visitas con contacto directo y libre de procedimientos degradantes.

ACN/MAS/Prensa OVP
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