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Escasez de medicinas sigue venciendo al Gobierno venezolano

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La escasez de medicinas para pacientes crónicos y para los venezolanos en general, sigue venciendo al Gobierno de Nicolás Maduro que durante los últimos meses ha hecho constantes anuncios de compra de fármacos, pero que aún no se materializan en hospitales y farmacias, reseño EFE en su portal web.

Esta situación la denuncian los pacientes y sus familiares en las protestas que; en lo que va de año; se han incrementado al punto de que se realizan varias manifestaciones en una sola semana.

“No recibo medicinas desde agosto”, rezaba la pancarta de José Antonio La Cruz de 67 años; que padece de parkinson y que salió en su silla de ruedas a protestar esta semana junto a decenas de personas; por la escasez de medicinas un problema que afecta al país desde hace unos 4 años y que parece agravarse con los días.

“Estoy aquí apoyando a todos los que están enfermos con parkinson y exigiendo las medicinas al día. Necesitamos Sinemet porque ayuda a la parte motora”;dijo La Cruz en medio de una protesta que se realizó frente a la ONU en Caracas para pedir ayuda; pues durante este tiempo ha conseguido medicinas por pacientes que se mueren.

El desespero de familiares; y de los propios afectados ha llegado al punto de que piden ayuda entre lágrimas para conseguir los fármacos.

“Nos estamos muriendo señores, nos estamos muriendo de hambre, de desidia, de inseguridad, por medicamentos ¿hasta cuándo este gobierno nos hace pasar por esto? no es posible, los de diálisis, los de parkinson, todos, todos necesitamos medicamentos; ayúdennos señores”, dijo Elisa Plaja, llorando y con gritos desesperados, a periodistas durante la misma protesta.

Plaja aseguró que tenía a su hermano enfermo de parkinson y reclamaba al Gobierno la reanudación del programa; por el que recibía el medicamento Sinemet, y que no funciona desde agosto pasado.

Esta escena se repite en las distintas manifestaciones que se realizan en el país; donde incluso los manifestantes llegan a pedir a la prensa ayuda para conseguir los fármacos; pues periodistas y medios de comunicación utilizan sus redes sociales y sus distintas vías de difusión para apoyar en este clamor.

Los que viven con parkinson, con VIH, los pacientes trasplantados, los que necesitan diálisis, los que tienen cáncer y otras patologías; además de estar preocupados por sus enfermedades; deben enfrentarse diariamente al desgaste que conlleva la búsqueda de medicinas.

Escasez de medicinas

Entre las medicinas que escasean en hospitales y farmacias siguen estando los analgésicos, los antibióticos, los reactivos; y hasta los distintos materiales que se necesitan para curar una pequeña herida.

La situación, constantemente denunciada por los distintos gremios de salud y por opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, alcanza hasta los propios diputados del Parlamento, a los artistas, que también piden por Twitter, Facebook o Instagram medicinas para sus padres, hermanos o amigos.

Aunque la falta de medicinas se presenta desde hace unos cuatro años, el Gobierno de Maduro ha achacado la escasez de medicinas al bloqueo económico que asegura le tiene Estados Unidos, luego de que en agosto pasado la Administración de Donald Trump impusiera sanciones a la principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Esta misma semana, el considerado número dos del chavismo Diosdado Cabello; aseguró que el ataque brutal contra Venezuela es lo que impide que lleguen las medicinas.

Expresiones como esas, son las que utilizan; desde hace ocho meses; los distintos portavoces del Gobierno para justificar la falta de medicamentos.

 

ACN/ EFE

 

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Presidente Maduro superó índices de violaciones de DD HH registró Provea

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Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia del país, el 19 de abril de 2013, hasta entonces los índices de detenciones arbitrarias, represión y violación de derechos humanos se mantenían inertes. La ONG denunció que en este periodo de gobierno se han registrado 210 muertes en el contexto de protestas, lo que triplica el número de casos de los últimos 21 años.

Pero desde esa fecha las cifras han ido creciendo al igual que los golpes a la democracia, la inflación y la escasez de alimentos y medicinas. Provea registró 23.227 violaciones a la integridad personal en 2017.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que el gobierno de Maduro registra la más alta cifra de abusos contra los venezolanos y de impunidad. En los cinco años de gestión se ha caracterizado por asfixiar los derechos elementales de los ciudadanos y el Estado de Derecho no solo por omitir sus responsabilidades, sino por crear mecanismos que coartan la libertad de la gente.

En el periodo de mandato del “presidente obrero” la ONG ha sumado 34.332 detenciones arbitrarias por parte de agentes de seguridad del Estado y de organismos de inteligencia. De ese número, la mayoría ocurrió en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo, OLP. En 2014  y 2017 contaron más de 7.000 arrestos durante las protestas, la cifra más alta en la historia del país de aprehensiones en ese contexto.

Inti Rodríguez, coordinador de Comunicaciones de Provea, señaló que en todos los casos fueron detenciones al margen de la Constitución y las leyes. “Eran personas sobre las cuales no pesaba ninguna orden de captura. Era gente que expresaba su descontento al gobierno o disidentes políticos”.

El gobierno de Maduro ha triplicado los índices de mortalidad en protesta: supera registros de gobiernos anteriores. En los últimos 21 años, 289 personas fueron asesinadas en medio de manifestaciones debido a la actuación de agentes de seguridad, grupos armados y accidentales, señala la ONG. Solo en el gobierno se registraron 210 muertes, de las cuales 70% fueron producidas por funcionarios de la seguridad estatal y paramilitares.

Menos garantías, más represión. Rodríguez indicó que a medida que la crisis política, económica y social en el país se ha agudizado también ha escalado el patrón sistemático y de represión contra los ciudadanos. La implementación de planes de seguridad del Ejecutivo es una muestra.

La acentuación de la represión empezó en 2015 con los operativos de la OLP, en los que  aplicaron patrones represivos de las protestas de 2014, pero de manera selectiva y en comunidades. Esas acciones se profundizaron en los cuatro meses de reclamos, en 2017, cuando se evidenciaron las mayores violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en el país como consecuencia de la militarización de la seguridad ciudadana y del Estado, así como de la impunidad.

“A medida que ha aumentado el descontento popular ha ido escalando la respuesta represiva del gobierno contra los sectores de la sociedad”, expresó el activista de los derechos humanos. Calificó de terrorismo de Estado las acciones represivas del gobierno. Afirmó que con estas prácticas el Ejecutivo intenta acallar el descontento y que la población se inhiba de exigir sus derechos.

Añadió que Maduro posee el número de denuncias de violaciones a la integridad personal más alto en los últimos 57 años. En las manifestaciones del año pasado, 23.227 personas fueron víctimas de este tipo de agresiones.

HRW pidió a la OEA exigir libertad de niños presos

José Miguel Vivanco, director para Latinoamérica de Human Rights Watch, instó al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Andrés González, incluir en la agenda de debates la situación de los menores de edad detenidos en Venezuela en lo que va de gobierno de Nicolás Maduro.

También exhortó a los países miembros de la OEA que exijan a Maduro que dé información y la libertad inmediata e incondicional a los menores de edad que se encuentran presos por razones políticas, entre ellos Ender González y Dylan Canache, que están detenidos en condiciones de hacinamiento en el Sebin del Helicoide desde enero. Les niegan la visita de sus familiares y no han sido liberados pese a que el tribunal les concedió libertad bajo fianza.

Desde 2017 el gobierno de Maduro ha arrestado a 442 menores de edad a través de agentes de seguridad del Estado y de organismos de inteligencia, por presuntamente estar vinculados a manifestaciones. De ese grupo, más de 200 tienen un proceso penal abierto, denuncia en un comunicado Human Rights Watch, en el que citan las cifras del Foro Penal.

ACN/diarios

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