Más de 4 mil casos de violación de Derechos Humanos ha atendido la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional durante este año, una cifra récord en comparación con el año 2016 donde se registraron 1800 casos, así mismo se ha incrementado en un 60 por ciento las cifras de presos y represión por razones políticas.

La información la dio a conocer la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la diputada Delsa Solórzano quien presentó, acompañada de los diputados que conforman la instancia parlamentaria, un balance de la gestión del año correspondiente al 2017.

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Explicó la diputada que los casos por violación de derechos humanos van desde allanamientos de moradas ilegales hasta los casos de prisión y persecución política. Señaló que actualmente hay 483 presos políticos en el país. Agregó que se han atendido casos en materia de salud, por la falta de medicamentos y por desnutrición producto de la escasez de alimento, siendo los más afectados los niños y los ancianos.

“No solamente el tema de la represión ha sido materia prioritaria en el seno de la Comisión, sino que ha tenido que ampliarse para atender otro tipo de violación de Derechos Humanos, que van desde la inexistencia absoluta de medicinas hasta la falta de comida. Hemos atendidos casos de violación de derechos humanos como la situación de los portadores de VIH, quienes lamentablemente no cuentan con los medicamentos para poder mantenerse sanos. Así como los casos de niños que no pueden ir a las escuelas porque no tiene que comer y con hambre no pueden recibir clases”

Destacó que en el seno de la Comisión de Política interior se ha tratado de dar respuesta a la cantidad de problemas que enfrentan los venezolanos en materia de violación de los Derechos Humanos, a través de las distintas sub comisiones asignadas.

“Este año se registró un caso nuevo de violación de Derechos Humanos por parte de las llamadas OLP, pero aún estamos trabajando con los casos anteriores, como el caso de la masacre de Barlovento, que no ha habido la debida indemnización a las víctimas, el caso de la Ensenada, donde más de 300 familias se quedaron sin vivienda por actuación ilegal de las OLP y aún siguen en la calle. Adicionalmente hemos detectado un altísimo porcentaje, 60 por ciento de casos de represión por allanamientos ilegales, persecución y detención por razones políticas en el marco de las manifestaciones”.

También la diputada Solórzano se refirió a que este año se han incrementado las agresiones contra los parlamentarios, casos que han sido tramitados y remitidos a la Unión Interparlamentaria Mundial, la cual en su Comité de Derechos Humanos, donde fue designada como vicepresidenta, se ha pronunciado por estos casos ha emitido decisión y ha ordenado el cese a la violación de la inmunidad parlamentaria y el reconocimiento a la Asamblea Nacional, como único ente legislativo legítimo en Venezuela.

Prensa UNT