Internacional
Fiscalía chilena vincula al Tren de Aragua con el homicidio del exmilitar venezolano
Vinculan al Tren de Aragua con homicidio de Ronald Ojeda, así lo dio a conocer este lunes 4 de marzo el fiscal regional coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Héctor Barros.
La banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú y Bolivia, sería la responsable del presunto secuestro y homicidio del exmilitar venezolano.
«Hemos realizado una serie de diligencias para establecer la participación de cada uno de los imputados, con las complejidades que esto significa en un contexto de criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua, que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro», dijo Barros en un punto de prensa.
Tras la audiencia en la que se imputó por secuestro y homicidio a un joven de 17 años, que quedó privado de libertad, Barros explicó que el tribunal estableció que «hay una organización transnacional operando en este secuestro vinculado al crimen organizado».
Vinculan al Tren de Aragua con homicidio de Ronald Ojeda
Según el persecutor, la justicia también acredita la participación del imputado en «prestar cobertura en el entorno del domicilio de la víctima», cuyos restos encontrados el viernes en una comuna del sur de Santiago.
El tribunal, que dio un plazo de 60 días para la investigación, decretó la «internación provisoria» del sujeto, también venezolano, a un centro de Justicia juvenil, para menores de edad.
Otros dos sospechosos identificados tienen una orden de detención vigente, pero se encuentran prófugos de la justicia. Según detalló Barros, ambos «tienen una participación bien importante en los hechos» porque presuntamente «participaron directamente en el secuestro dentro del edificio y en el departamento de la víctima».
«Cumpliendo un encargo»
El abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Maríquez, dijo tras la audiencia que «la supuesta organización criminal estaría cumpliendo un encargo» y aseguró que «no hay ningún indicio que diga que Ojeda estaba vinculado a alguna actividad ilícita».
Los restos de Ojeda hallados el viernes en medio de un operativo policial en la comuna de Maipú, particularmente en una toma irregular de terreno donde estaba sepultado a una profundidad de 1,4 metros debajo de un bloque de cemento.
Secuestro «atípico»
El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, calificó este lunes el presunto secuestro de «atípico, no solo por la cantidad de recursos destinados a su comisión –dijo-, también porque había un exmilitar venezolano involucrado (…) que además era un refugiado».
Según la primera versión que se ofreció, basada en especulaciones, grabaciones de cámaras y el hallazgo de un automóvil con uniformes falsos, Ojeda habría sido sacado en plena noche de su casa, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con uniformes de la policía y conducido hacia un lugar desconocido.
Operación encubierta
A partir de ahí, la prensa apuntó a una supuesta operación encubierta de los servicios secretos venezolanos, que se habrían infiltrado en el país y se habrían llevado a Ojeda a la cárcel de la que se habría escapado.
Una versión de la que pronto se hizo eco la oposición chilena, que comenzó a pedir explicaciones al Gobierno, y que llegó incluso a Caracas, donde fue negado con burla por responsables venezolanos.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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