Nacional
Gobierno venezolano revisa con la ONU políticas y estado de derechos humanos
Venezuela revisa con la ONU políticas y estado de derechos humanos en el país. Representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostuvieron ayer una reunión con miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para revisar el estado de los DD.HH. en el país; y las políticas públicas con incumbencia en esta materia.
Venezuela revisa con la ONU políticas y estado de DDHH
El TSJ informó, en un comunicado oficial, que han venido honrando «a cabalidad» todos los compromisos asumidos en el Plan de Trabajo, Cooperación y Asistencia Técnica; con lo que demuestran «plena voluntad y capacidad para cumplir sus atribuciones constitucionales y legales, con diáfano respeto al debido proceso y los estándares internacionales»; dice.
Asimismo, reconoció el «trabajo constructivo y positivo» de los oficiales de la ACNUDH en el país.
El Supremo, prosigue el escrito, reiteró su disposición de trabajar junto a otros organismos del Gobierno en la «reorganización; reestructuración y reimpulso» de la Justicia venezolana para garantizar el «resguardo» y protección de los derechos humanos; la garantía de acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva.
Prevalece la impunidad
Una coalición de 125 ONG venezolanas y de otros países exigieron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de los Hechos de la ONU sobre el país; creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos; cuyo período vence el próximo mes de septiembre.
En una conferencia de prensa virtual, voceros de estas organizaciones pidieron a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que voten a favor de la renovación; pues consideran que «la impunidad que prevalece en Venezuela y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persisten».
Asimismo, la vocera de Amnistía Internacional Clara del Campo explicó que, para que esta renovación se materialice; se deben obtener más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos en la sesión del consejo en la que se presente la posibilidad de renovar el mandato de la misión.
En 2020, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela presentó su primer informe en el que acusó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos; como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.
ACN/MAS/EFE
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Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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