Nacional
Cerca del 77 % de los venezolanos tiene percepción negativa del servicio eléctrico
El 76,7 % de los venezolanos califican de negativa calidad del servicio eléctrico, informó este jueves 23 de noviembre la ONG Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), que reporta un incremento de 33,5 puntos en esta percepción frente al 43,2 % de su anterior medición, en marzo de este año.
La organización explicó que esta opinión negativa responde a las “frecuentes fluctuaciones e interrupciones” en el suministro de electricidad, que han ocasionado incluso que se dañen aparatos eléctricos, como reportó el 7,8 % de los ciudadanos, según la medición de noviembre, aplicada en una docena de las principales ciudades del país, incluyendo Caracas.
La percepción negativa es mayor en el oeste de la nación petrolera, en ciudades como Barinas, Maracaibo y Mérida, donde más del 90 % de los ciudadanos está insatisfecho con el servicio, que presta el Estado a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Entretanto, en Caracas, un 52,2 % de la población valora el servicio positivamente; en Porlamar -en la isla de Margarita-, un 39,3 %; en Barcelona, un 30,3 %; y Ciudad Bolívar, un 26,5 %, por lo que las opiniones negativas son menores en estas zonas que en el resto del país, aunque, a excepción de la capital, todas superan el 50 % de descontento.
Venezolanos califican de negativa la calidad del servicio eléctrico
Según la medición, el 54,7 % de los venezolanos sufre fallas eléctricas a diario, lo que representa una “desmejora de 41 puntos porcentuales con respecto a marzo”, cuando la cifra era del 13,7 %.
El observatorio insistió en la necesidad de elaborar e implementar políticas públicas centradas en el sistema eléctrico para la “conservación y seguridad del fluido eléctrico en los hogares”.
Denuncias de ciudadanos a través de redes sociales y reportes de medios locales en los últimos meses han dado cuenta de una agudización de la crisis de los servicios, sobre todo el eléctrico, que registró una serie de fluctuaciones en Caracas y en la mayoría de los 23 estados el pasado septiembre.
En marzo de 2019, Venezuela vivió dos apagones nacionales que se extendieron durante varios días, tiempo en el que el país se paralizó sin servicio de telefonía, internet o transporte.
El Gobierno achaca la crisis eléctrica a ataques programados, fundamentalmente desde Estados Unidos, y a las sanciones internacionales, mientras que opositores y expertos señalan como causas la falta de mantenimiento y “la corrupción”.
ACN/MAS/EFE
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Nacional
Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)
El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.
“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.
En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.
González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
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El Informe Anual de Provea
Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).
Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.
“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.
Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.
ACN/MAS/EFE
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