Política
TSJ levanta sanción a Primero Justicia, pero no se presentará a elecciones de AN
El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ suspendió sanción a Primero Justicia (PJ) este viernes 4 de septiembre; pero el partido aurinegro ratificó al rato su decisión de no acudir a las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) por «no existir condiciones».
El máximo tribunal, había suspendido a la tolda que lidera Henrique Capriles, al nombrar una nueva junta directiva, pero cambió la «seña» apenas unos días después de que su fundador rompiera con parte de la oposición e instara a los detractores del chavismo a aprovechar la oportunidad que, considera, abren los comicios.
TSJ suspendió sanción a Primero Justicia
TSJ anunció la suspensión de la medida cautelar de tutela dictada el 16 de junio de 2020; decisión que incluyó el nombramiento de una junta directiva encabezada por el diputado José Brito, uno de los disidentes del partido.
«La Sala Constitucional, en ponencia de Arcadio Delgado Rosales, decidió suspender la sentencia N° 0072 dictada el pasado 16 de junio, que imponía una Junta Directiva Ad Hoc al partido Primero Justicia; facultada para «utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la señalada organización con fines políticos.
Tolda aurinegra no participará
«Primero Justicia reitera su decisión de no participar del ilegítimo proceso electoral convocado para el 6 de diciembre de 2020, por no existir condiciones electorales y por los riesgos asociados al COVID-19»; reza un mensaje del partido en su cuenta de Twitter.
Frente a esa decisión, advirtieron que «los justicieros», como denominan a sus militantes; «que opten por una ruta política distinta a la adoptada y se postulen como candidatos estarán tomando la decisión de colocarse al margen de la militancia partidista en los términos previstos en nuestros estatutos«.
«El día de hoy fue anunciada una decisión del TSJ de Maduro sobre nuestros símbolos y autoridades partidistas. Ratificamos que ello en nada cambia nuestra situación institucional. Primero Justicia seguirá siendo un partido al servicio del pueblo de Venezuela y de la democracia»; agregan.
Expresó la profundad crisis opositora
En sus mensaje de Twitter, Primero Justicia también expresó su «profunda preocupación por la crisis unitaria que atraviesa la oposición»; pidió «retomar la unidad de propósitos en torno a un único objetivo: recuperar la democracia».
Eso sí, advirtieron que para lograr sus propósitos «es necesario sincerar la lucha democrática»; «reconocer con humildad una serie de errores y la incapacidad de rectificación en la conducción del Gobierno interino» que ha organizado Juan Guaidó.
«Por eso, proponemos abrir un debate franco para replantear la organización y actuación de la oposición»; concluyen.
PJ es uno de los 27 partidos, entre los que están los más importantes de la oposición; que tomaron la decisión de no acudir a las elecciones del próximo 6 de diciembre al considerar que se trata de un «fraude».
Sin embargo, Capriles pidió el pasado miércoles aprovechar la «rendijita» de oportunidad que abren las elecciones parlamentarias porque, aseguró; «la pelea es peleando, no tuiteando»
ACN/MAS/Agencias
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Política
Ocariz: A 33 días del sismo, la solidaridad no sustituye la responsabilidad del Estado
El dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, cuestionó este lunes a la administración de Delcy Rodríguez por la falta de un plan público, detallado y verificable para la reconstrucción del estado La Guaira y demás entidades afectadas, a un mes y dos días del doblete sísmico registrado en la costa norte del país el pasado 24 de junio.
“¿Cuál es el plan? A 33 días de la tragedia no hay claridad. Países que han vivido situaciones similares como Japón, Chile, Nueva Zelanda o Estados Unidos presentan planes de reconstrucción a 10 años en las primeras tres semanas posteriores a un terremoto”, señaló Ocariz.
El vocero de la organización política sostuvo que el evento del 24 de junio marcó un antes y un después para la nación. Recordó que, según cifras oficiales, el saldo es de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.
“Detrás de cada número hay una familia, la pérdida de un hijo, de un hogar. No es un problema de números”, precisó.
En este sentido, reconoció el valor, la tenacidad y la solidaridad de la respuesta ciudadana, pero remarcó los límites del voluntariado:
“Hemos visto una inmensa calidad humana, pero la solidaridad de los venezolanos no puede sustituir la responsabilidad del Estado”.
Frente a los anuncios oficiales que calificó de «generales», Ocariz exigió respuestas concretas sobre el destino de los damnificados y las edificaciones en riesgo. Respecto a la vivienda y refugios, preguntó dónde se construirán las nuevas casas, bajo qué criterios de asignación y cuánto tiempo permanecerán las familias en esos espacios.
Asimismo, sobre los 856 edificios afectados, cuestionó cuáles son seguros, cuáles se demolerán y quién asumirá el costo de las reparaciones.
En relación con el financiamiento, indagó a cuánto asciende el presupuesto real, al tiempo que señaló que el fondo de 340 millones de dólares del FMI es insuficiente frente a las estimaciones del Banco Mundial, que calculan los daños en más de 20.000 millones de dólares. “¿Quién pondrá esos recursos y qué organismo los manejará?”, agregó.
Para abordar la contingencia con transparencia, Ocariz presentó una propuesta estructurada en cinco ejes clave:
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Registro público e informe técnico: un catastro abierto de inmuebles afectados y un estudio exhaustivo sobre las fallas de suelo en Vargas.
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Cronograma público de reconstrucción en tres etapas:
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Estabilización (0 a 6 meses): contempla limpieza de escombros, contención de zonas inestables y diseño técnico.
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Reconstrucción (6 a 24 meses): edificación de viviendas, rehabilitación de escuelas y obras mayores de infraestructura.
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Recuperación sostenible (2 a 5 años): prevé el desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y prevención permanente.
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Fondo transparente: creación de un fondo de reconstrucción normado por ley.
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Incorporación de la academia: participación de colegios profesionales, sociedad civil y universidades, a la par de las acciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela.
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Atención integral: restablecimiento prioritario de servicios públicos, centros de salud y planteles educativos.
“Esto no es una postura política, es una visión de país. Médicos, bomberos, rescatistas y jóvenes han demostrado su disposición de colaborar. Nuestro compromiso es liderar y participar, pero el Estado debe actuar con claridad. Viene la etapa más difícil: reconstruir las viviendas, los servicios y, sobre todo, la confianza”, concluyó el dirigente.

Con información de nota de prensa
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