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Sinergia: “Debemos preservar el espacio autónomo y propio de la sociedad civil”

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sociedad civil Sinergia
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Sinergia advirtió que las organizaciones de la sociedad civil venezolana nuevamente se unieron en rechazo a la pretensión del gobierno de controlar y coartar el accionar de las ONG.

Recientemente 500 organizaciones y 250 personas manifestaron, a través de un comunicado, el rechazo ante la pretensión de aprobar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

El proyecto de la Ley de Cooperación Internacional que es discutido en la Asamblea Nacional elegida en el 2020, y aprobado en primera discusión, «pretende cercar y limitar la actuación de organizaciones autónomas de la sociedad civil».

«A las organizaciones conformadas por ciudadanos que deciden agruparse para trabajar en distintos campos, actividades o acciones con el fin de proporcionar mejor calidad de vida a sectores vulnerables o en la defensa de derechos humanos, o para prestar ayuda en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país.

Deborah Van Berkel, presidenta de SINERGIA, señaló que esta ley no solo afecta a las ONG sino a todos los sectores de la sociedad.

“En este momento nuestra tarea no solo es alertar sobre la posible aprobación de la ley, sino hacer del conocimiento de muchos actores de las propuestas que desde las organizaciones de la sociedad civil se han construído para el bien del país».

Al igual que planteamos a las instancias del Estado, del poder, la necesidad de no continuar por el camino de aprobar , no solo esta ley, sino distintos instrumentos que limiten la participación ciudadana como la Providencia 002 2021”.

«Este es un proyecto de ley que en lugar de facilitar la cooperación, pretende fiscalizar y coartar la acción de cooperación que puede tener cualquier organización de la sociedad civil. Esta ley no normaría la acción del Estado sino de las organizaciones civiles en sus procesos normales de solidaridad».

«Es decir los proyectos de apoyo en asistencia humanitaria, por ejemplo para combatir la desnutrición, en apoyo a las personas con cáncer, a las mujeres que requieren atención médica».

«Todo ese trabajo que se hace en la mayoría de los casos con el aporte de organizaciones internacionales y nacionales va a ser limitado y coartado de aprobarse esta ley”, resaltó la presidenta de Sinergia.

Dentro del proyecto de ley hay un artículo que preocupa particularmente a las ongs debido a que se refiere a la eliminación de las organizaciones.

Establece dicho artículo lo siguiente:

Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República.

“Es decir que para el gobierno toda organización que pueda apoyar alguna sanción al país puede ser sujeta de su eliminación absoluta”.

Van Berkel alerta sobre este artículo en particular y recalca que los ciudadanos “debemos preservar el espacio autónomo y propio de la sociedad civil. Debemos interactuar con los actores políticos, pero cada uno en su espacio, cada una en su dinámica y con respeto por el otro».

«Debemos exigir el respeto y la posibilidad de actuar en lo público sin instrumentos legales que limiten o restrinjan la participación ciudadana o el derecho a asociarse libremente, derechos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

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Política

Rocío San Miguel recibió libertad plena por parte de tribunal venezolano

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Rocío San Miguel recibió libertad plena - Agencia Carabobeña de Noticias
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La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena, informó por sus redes sociales, la también directora de la ONG Control Ciudadano.

El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictó sentencia absolutoria a su favor, declarándola libre de toda responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.

“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió San Miguel en su cuenta de X.

Añadió que durante este proceso “fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”. La activista agradeció a su familia —especialmente a su hija—, a la sociedad civil venezolana, a organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron.

Rocío San Miguel recibió libertad plena

Destacó el respaldo de Amnistía Internacional, Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FLDAmericas), Human Rights Foundation (HRF), sus abogados Theresly Malavé, Juan González Taguaruco, Juan Carlos Gutiérrez y Héctor Faúndez, así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

San Miguel expresó solidaridad con los ciudadanos, activistas y presos políticos que aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. Señaló que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.

Respecto a las condenas emitidas en el mismo caso contra otros acusados, esperó que sean anuladas por considerarlas “profundamente injustas”.

La defensora anunció que continuará trabajando “con la misma transparencia y convicción” por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y una Venezuela democrática.

Años de injusticia

Rocío San Miguel Sosa, abogada especialista en temas de seguridad y defensa, es presidenta de Control Ciudadano, organización dedicada a la contraloría ciudadana sobre la seguridad nacional, la defensa y la Fuerza Armada Nacional. Detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando intentaba viajar con su hija.

Las autoridades la vinculaban a la presunta trama conspirativa “Brazalete Blanco”, por la que se le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Durante la operación también detuvieron a familiares cercanos, entre ellos el padre de su hija, dos hermanos y su exesposo.

Organismos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron la detención como arbitraria y una posible desaparición forzada, recordando que San Miguel contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año, diez meses y 29 días, principalmente en El Helicoide (sede del Sebin).

Luego la excarcelaron el 8 de enero de 2026 en el marco de liberaciones de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque siguió bajo medidas cautelares hasta la sentencia absolutoria del 1-2 de octubre de 2026, que le otorgó libertad plena.

ACN/MAS/Efecto Cocuyo

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