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En riesgo 3.500 venezolanos por ausencia de inmunosupresores

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Este 27 de febrero es el día mundial del trasplante por lo que Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) denunció que 3500 venezolanos se encuentran en riesgo de muerte por ausencia de inmunosupresores en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss)

“En el día mundial del trasplante recordamos a los 3.500 venezolanos en riesgo de muerte por ausencia de inmunosupresores en IVSS 5 muertes y 50 rechazos de órganos entre 2017-2018 Desde 2015, está cerrado el programa nacional de procura de órganos Fundavene”, informó a través de su cuenta en twitter.

Advirtieron que en el país hay muertes y daños “irreversibles e irreparables” a la vida e integridad física y mental de las personas ante falta de garantías y medios adecuados de salud en forma prolongada.

Explicaron que hay una privación en el acceso a medicamentos y atención a la salud (incluyendo diagnóstico, atención y tratamientos) que excluye cerca de 5 millones de personas en el país.

No es la primera vez que esta Coalición se pronuncia sobre las fallas en materia de insumos y medicamentos que merman la calidad de vida de los ciudadanos. Han formado parte de acciones de calle hasta el IVSS para exigir el derecho a la salud y a la vida.

Sobre la falta de fórmulas lácteas a niñas y niños con VIH manifestaron que desde hace más de dos años las farmacias no despachan fórmulas. También que las mujeres con condición de VIH no cuentan con kits de bioseguridad siendo “obligadas” a dar a luz sin las medidas preventivas para evitar la transmisión vertical es de decir de madre a hijo.

“70% de las 77.000 personas con VIH no recibieron sus tratamientos antirretrovirales de forma constante durante el 2017. De los 26 tipos de antirretrovirales prescriptos sólo se disponía de 4 para adultos en los depósitos del Ministerio de Salud”.

El llamado a los organismos internacionales siguen presentes y es que continúan solicitando a los comisionados de la CIDH que exhorte al gobierno venezolano, cumpla con sus obligaciones y garantice el derecho a la salud y reducir al mínimo los riesgos de daño a cerca de 5 millones de personas.

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ACN / @VanesaRojasVe.

Nacional

Fundaredes exige la liberación de su director detenido hace 1.000 días

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido - Agencia Carabobeña de Noticias
Javier Tarazona.
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La ONG venezolana Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido, considerado por diversas organizaciones “preso político”, quien cumple hoy 1.000 días detenido.

“Detenido y acusado sin pruebas: Javier Tarazona lleva 1.000 días privado de su libertad por defender los derechos humanos en Venezuela. ¡Defender DDHH no es un delito! ¡Basta de atropellos!”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

Fundaredes sostuvo que el Estado de Venezuela “viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de irregularidades y abusos”.

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Fundaredes exige liberar a su director que cumple 1000 días detenido

El activista, preso desde julio de 2021, fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.

En enero pasado, Tarazona denunció ante un tribunal haber sufrido torturas, de acuerdo al presidente de la ONG Foro Penal, el abogado Alfredo Romero.

“No estamos diciendo que hubo o no tortura, pero la víctima dice que fue torturada y se requiere, obviamente, una investigación”, dijo Romero en una rueda de prensa.

Aseguró que el tribunal, ante la “presión de esas denuncias”, las ha “remitido” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP, Fiscalía), ente al que “requirió que se investigara”.

Víctima del “retardo procesal”

Tarazona, víctima de un “retardo procesal”, según organizaciones y abogados, fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG.

Posteriormente, fue imputado por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.

ACN/MAS/EFE

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