Nacional
Foro Penal advierte del riesgo de contagio de COVID-19 en cárceles del país
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, advierte sobre el riesgo de contagio del COVID-19 para los presos en las cárceles y comisarías del país; y de la precariedad del sistema para detectar la enfermedad a tiempo.
Asimismo, denuncia Himiob, que los reclusos no están recibiendo visitas de sus familiares debido a la pandemia por lo cual no están recibiendo comida o medicamentos de primera necesidad.
La ONG pide al sistema judicial que establezca con urgencia el protocolo; a fin de que los familiares de los presos políticos y de la población reclusa en general puedan llevarles alimentos, ropa y medicinas.
Riesgo de contagio del COVID-19 para los presos en el país
«Ninguno de nuestros centros de reclusión formales cuenta con servicios médicos que permitan cubrir las más elementales dolencias de los reclusos. Esto impide la detección temprana no solo del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad. La prevención interna, en consecuencia, es virtualmente imposible», explica.
Himiob hizo énfasis en el hacinamiento que hay en los centros de reclusión de todo el país. En algunos, indica, que la aglomeración supera en 300% la capacidad de los recintos carcelarios.
El vocero de Foro Penal señala, que en caso de que un preso se enferme, debe, en general y salvo casos específicos, recibir la orden de parte de un juez para que lo trasladen a un centro médico.
«Si los poderes públicos no van a trabajar, va a ser virtualmente imposible que los reclusos que presenten síntomas sean atendidos», advirte.
En este sentido, Himiob exhorta al Gobierno a pedir apoyo y a dar acceso a las cárceles para evitar una catástrofe. «El gobierno debe dar acceso a las cárceles. No solo a los médicos venezolanos, que son de los mejores, sino a organismos como la Cruz Roja», indica.
ACN/El Nacional
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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