El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, se reunirá este lunes con el embajador de Venezuela en el país, Carlos Amador Pérez; en relación al problema migratorio entre ambos países.

Un funcionario gubernamental, bajo condición de anonimato, confirmó a EFE la reunión e indicó; que la misma no será virtual y será en persona.

El encuentro se produce tras un naufragio ocurrido el sábado 12 de diciembre en el Caribe venezolano que dejó al menos 33 muertos; una cifra que ha ido subiendo en los últimos días.

Este hecho viene precedido de otro en el que por lo menos 16 venezolanos fueron expulsados de Trinidad y Tobago y estuvieron desaparecidos; en aguas caribeñas casi dos días antes de volver a dicho país.

Ministro de Trinidad y Tobago y embajador de Venezuela

El portavoz reiteró que la responsabilidad principal del gobierno en este asunto, es para con sus ciudadanos y Trinidad y Tobago; que tiene una población de 1,3 millones “no puede esperarse que acoja a un número ilimitado de migrantes”.

Trinidad y Tobago ha continuado adhiriéndose a su política de no intervención en los asuntos internos de los Estados; incluida Venezuela.

Desde el naufragio, Trinidad y Tobago ha estado bajo presión por parte de organizaciones internacionales; como Amnistía Internacional, entre otras.

La mayoría de los llamamientos han sido para que el gobierno acoja a los migrantes; que llegan a estas costas en busca de refugio.

Rowley anunció recientemente que las leyes sobre la trata de personas se endurecerán en los próximos meses en el país y se tomarán medidas; para prevenir la explotación de los migrantes.

Asimismo, también anunció que el gobierno extenderá; hasta julio la amnistía provisional para los 16.523 venezolanos inscritos en este país.

Después de volver a registrarse, el gobierno decidirá sobre su estado.

El Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR) dijo este sábado a raíz de la afluencia de migrantes de Venezuela a Trinidad y Tobago; que se debe solicitar a los 15 miembros de la Comunidad del Caribe que ayuden con la crisis.

La CCHR también señaló en un comunicado que el Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el deber de proteger los derechos humanos; según lo establecido en su Constitución y las leyes del país, además de sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos.

ACN/El Nacional

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