Foro Penal: 42 «presos políticos» en Venezuela son menores de edad

Según la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, de los 1.905 «presos políticos» en Venezuela, 42 son menores de edad. Así lo señaló en su último informe presentado este jueves que contabiliza los detenidos bajo esta clasificación hasta el 2 de diciembre.

Detalló Foro Penal que de ese total, 1.660 son hombres y 245 son del sexo femenino. Agregó que de ese grupo de presos 1.742 son civiles y 163 pertenecen a algún componente militar. La oenegé asegura que la semana pasada aún recibía denuncias sobre detenciones de ese tipo.

Mayor cantidad registrada de «presos políticos» en Venezuela

La organización que defiende los derechos humanos afirma que se trata de la mayor cantidad de «presos políticos» en Venezuela, registrada en lo que va del siglo XXI. En su informe dice que desde 2014 se han producido en el país 18.061 aprehensiones con tinte político. Asegura que brindó asistencia a más de 14.000 personas desde ese año.

Señaló también Foro Penal que más de 9.000 personas están aún sujetas «arbitrariamente» a medidas de restricción. Asimismo enumeró que de los 1.905 «presos políticos» en Venezuela, 149 recibieron condena y 1.756 aún no están procesados.

OEA y ONU fueron informados

La organización no gubernamental manifestó que envió la lista con la actualización reciente de los que considera presos políticos a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas para su debida certificación.

Un preso político, según la definición más aceptada, es cualquier persona que pertenezca a un partido político o sector político, a la que se pone bajo arresto, sin haber cometido un delito, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

La oenegé Foro Penal, en su sitio en internet informa que surgió en el año 2005 «como respuesta a la represión por parte del Estado venezolano ejercida en contra los ciudadanos considerados como disidentes u opositores a las políticas gubernamentales», y como un «apoyo a la ciudadanía, por la ausencia de estado de derecho en el país desde hace más de 18 años».

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