Nacional
Policía Anticorrupción da medida de aseguramiento al lujoso restaurante Altum
Luego de que se anunciara el cierre del lujoso restaurante Altum, situado en la urbanización La Castellana, en Caracas, la Policía Nacional contra la Corrupción (Pncc), lo visitó para darle una medida de «aseguramiento», por su presunta relación con personas incursas en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.
Según informaciones que circularon en redes sociales, Altum, que se caracterizaba por subir a comensales a una altura de 50 metros en una grúa, tiene entre sus dueños a Rafael Hernández, preso en días recientes por ser presunto testaferro del exdirector de Sunacrip, Joselit Ramírez, detenido en marzo pasado por la Pncc, señalado de presuntos hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos.
Lujoso restaurante Altum había cerrado
A principios de mayo, este restaurant había anunciado su cierre. Su propietario, identificado como Nelsy Blanco Gil, conocido por ser dueño de otros negocios como Buono, situado al lado de Altum, había dicho que la clausura se dio porque había perdido clientes ya que muchos de ellos aseguraban que les «daba miedo comer en las alturas».
Desde que se anunció la apertura del restaurante que ofrecía suspender a un grupo reducido de personas por medio de una grúa para disfrutar de una vista 360 de Caracas, comenzaron todo tipo de especulaciones sobre quiénes financiaban semejante negocio en medio de una terrible crisis social y económica del país.
Sin embargo, Blanco, uno de sus socios, no había tenido complejos en dar la cara y contrataba conocidos influencers y youtubers para promocionar el novedoso comedero.
Blanco siempre fue proclive a dar entrevistas a los medios y asegurar que los socios del local que comenzó cobrando 180 dólares por personas, eran un grupo con tradición en el negocio culinario.
Con información de Efecto Cocuyo
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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