La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide investigación internacional sobre Venezuela;  ya que, según cifras citadas en un informe, el 87 % de la población de Venezuela;  está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema;  y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil;  dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein;  recomendó hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique”;  en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela;  dada la “impunidad generalizada” y la inacción del Estado.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad;  de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos;  existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”;  afirmó Zeid en un comunicado.

87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza

Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza;  el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema;  y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

La Oficina de Alto Comisionado publicó hoy;  su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación en Venezuela;  en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias;  uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas;  y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.

Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias;  perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP);  entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

La Fiscalía General registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP;  que según las fuentes de la Oficina seguían el mismo patrón;  incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los “criminales” sin orden judicial;  y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes;  pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas.

Asimismo, el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos;  en una cárcel del Amazonas.

La impunidad generalizada

El informe denuncia también la aparente “impunidad generalizada;  en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas;  durante las protestas de 2017”.

De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General;  contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.

Según las informaciones recabadas;  al menos 280 personas han sido “arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas;  por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”.

Además, el informe documenta unos 90 casos de personas detenidas;  que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014;  lo que “en muchos casos puede llegar a constituir tortura”.

“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad;  por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado;  sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, aseguró Zeid.

“Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales:  así como el espacio democrático en Venezuela;  lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”, agregó el responsable.

El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país;  y acusa al Gobierno de Venezuela de “ignorar” su dimensión.

Según cifras citadas en el informe;  el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza;  el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema;  y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Gráfica principal: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein // FOTO EFE/ Martial Trezzini

ACN/EFE

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