La exdiputada opositora  Neidy Rosal, denunció una persecución política del parte del Gobierno nacional en su contra. Según la exparlamentaria de Carabobo  una vez cesadas sus funciones en el Consejo Legislativo de la entidad; la inhabilitaron a través de la Contraloría General de la República, por un período de tres años.

La medida, está estipulada en  la resolución 01.00-000393 de fecha 26 de junio del año 2017. “Se procede a perseguirme y a violar mis derechos fundamentales de participación política, porque ya no cuento con la inmunidad».

Rosal aseguró que su inhabilitación se tomó en represalia a las denuncias por  hechos de corrupción,  que ella  realizó  ante los distintos órganos competentes del Estado. También por la impugnación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,  de la Ley Orgánica de Emolumentos; Pensiones y Jubilaciones de los altos funcionarios del Poder Público.  La cual fue anulada por inconstitucional, porque cercena los derechos laborales; de los funcionarios de elección popular.

Recordó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró la nulidad absoluta de de este instrumento;  por razones de inconstitucionalidad. Decisión reflejada en la sentencia N° 686 del pasado 14 de Agosto.

La exdiputada informó que  interpuso una  denuncia formal ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el  31 de mayo del año 2018, por la evidente violación de los derechos humanos  fundamentales, donde se detalla todas sus actuaciones ante los hechos de corrupción, destacando los problemas eléctricos; el caso PDVAL con sendas denuncias ante el Ministerio Publico y que representa un escándalo de magnitud internacional por la pérdida de toneladas de comida. Asimismo, la solicitud de protección a la familia como núcleo de la sociedad y la nulidad con amparo constitucional de la Resolución 058 (Consejos Educativos).

También están las denuncias por los casos de la Colección Bicentenario, por intereses Colectivos y Difusos, implementación del Plan Zamora; consistente en la aplicación de justicia militar a civiles que se encontraban en protestas de calle en distintas ciudades de Venezuela en 201. Negándoles el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, y entre otros tantos, el acompañamiento a los familiares del trágico motín e incendio en los calabozos de PoliCarabobo; donde 66 reos perdieron la vida

“Todas estas denuncias interpuestas ante los distintos órganos competentes del estado venezolano,  dentro de mis funciones como parlamentaria y que siempre buscaron combatir la corrupción y defender derechos humanos fundamentales; como la libertad, derecho a alimentación sana y balanceada  y el derecho a la educación sin ideologización. Por ello, se me persigue  políticamente y se me discrimina”