La cifra de fallecidos por el doblete sísmico asciende a 6.509, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes.
Sucesos
Ministerio Público liberó a los “chivos” del Clap-Guárico
Los tres funcionarios de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), de San Juan de los Morros (Guá) imputados por presuntamente acaparar alimentos del mencionado programa social; fueron liberados por el Tribunal 3° de Control de Guárico.
Fuentes del sistema de justicia, indicaron que la medida benefició a Jairo Andarcia, jefe de almacén, el chofer José Ochoa Esparragoza y la coordinadora del Clap para San Juan de los Morros; Maryeli Colmenares Hernández, quien es hermana de la alcaldesa de la capital guariqueña, Mayerlin Colmenares.
También liberaron a Caires Silvio Ferreira, dueño de la empresa constructora Ofimax y de un galpón donde consiguieron productos del Clap presuntamente acaparados.
El mencionado tribunal revisó la medida privativa y resolvió otorgarles una cautelar de arresto domiciliario, explicó la fuente.
El hecho
La detención de estas personas se efectuó el pasado 30 de mayo en San Juan de los Morros, por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Tras averiguaciones funcionarios del cuerpo de seguridad, allanó un galpón donde había más de 15 mil kilos de productos alimenticios. De acuerdo en nota publicada en Últimas Noticias, en el lugar se encontró 600 bultos de harina (12.000 kilos) y 133 bultos de arroz (3.192 kilos).
Sara Utrera, fiscal 3° imputó por la presunta comisión del delito de boicot; precalificación aceptada por el Tribunal 3° de Control. Ordenó recluirlos en el Sebin.
Cabe recordar que ese día, Freddy Bernal, Protector del Táchira escribió a través de su red social Twitter; que “habrá fuertes consecuencias, para quien juegue con el alimento del pueblo”.
El 9 de julio, la Corte de Apelaciones de Guárico rechazó dejar en libertad a estas personas; porque consideró que el Tribunal 3° de Control actuó apegado a las leyes. En esa ocasión la fiscal se opuso a la medida.
ACN
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Sucesos
Más de 6.500 fallecidos por terremotos de hace dos meses en Venezuela
Este nuevo reporte del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, suma 71 fallecidos a los informados en el registro anterior que fue de 6.438.
Dos sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio. La principal afectación fue en el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.
Más de 6.500 fallecidos por terremotos y sin cifra de desaparecidos
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha publicado la cifra de desaparecidos tras los sismos. Algunos voluntarios y familiares siguen las labores de búsqueda en La Guaira en medio de los escombros.
En un informe, difundido este lunes, la ONG Provea consideró un error que el gobierno interino designara como Autoridad Única para atender la emergencia por los sismos a un Mayor General de la Guardia Nacional: Juan Ernesto Sulbarán Quintero.
«La práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para atender estos eventos, consolidando un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) o la coordinación multisectorial de un mando unificado, donde la idoneidad técnica y la capacidad operativa determine el liderazgo. Por lo cual, aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público». Indicó la organización.
Viviendas inhabitables
De acuerdo con el balance, 25.240 viviendas se encuentran inhabitables. La administración de Delcy Rodríguez ha entregado 335 viviendas a los afectados por los terremotos, en medio de su promesa de asignar 4.000 viviendas en este año.
Mientras tanto, son miles los damnificados que permanecen en campamentos temporales e impactados por las fuertes lluvias de los últimos días.
La ONG Provea planteó que «el Banco Central de Venezuela en alianza con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el sector bancario privado nacional, puede disminuir el encaje legal bancario y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a vivienda, así como disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios privados de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico puedan adquirir nuevas viviendas».

ACN/MAS/Agencias
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