Internacional
Por esto Meta es demandada por más de 40 estados de EEUU
Más de 40 estados de EEUU demandan a Meta. Una coalición de 41 estados y el Distrito de Columbia demandaron a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, y argumentaron que sus redes sociales Instagram y Facebook son adictivas y dañinas para los niños.
Esta acción legal es el esfuerzo más significativo de las autoridades estatales para frenar el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores y para obligar a Meta a cambiar las características de sus redes por lo peligrosa que es, según afirman, para los usuarios más jóvenes.
Un total de 33 estados, entre otros Colorado y California, presentaron una demanda conjunta en un tribunal federal del Distrito Norte de California, mientras que otros fiscales generales de Washington D.C. y 8 estados están presentando denuncias separadas en tribunales federales, estatales o locales.
Más de 40 estados de EEUU demandan a Meta
La lluvia de demandas tiene su raíz en una investigación de 2021 sobre las distintas maneras en que el titán tecnológico contribuye a problemas de salud mental entre los jóvenes.
En 2021, The Wall Street Journal expuso en un reportaje elaborado con información interna cómo Instagram empeoraba la percepción de los usuarios -sobre todo niñas y adolescentes- sobre sus cuerpos, y señaló que la compañía era consciente de este problema.
Desde entonces, algunos estados como Arkansas y Utah han aprobado leyes que prohíben el acceso de los niños menores de 13 años a las redes sociales y exigen que los adolescentes menores de 18 años obtengan el consentimiento de sus padres para acceder a los sitios.
Por su parte, California aprobó leyes que exigen que las tecnológicas examinen sus plataformas en busca de posibles riesgos y problemas.
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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