Internacional
TPI examinará en noviembre recurso de Venezuela contra reapertura de investigaciones
El Tribunal Penal Internacional (TPI) celebrará los próximos 7 y 8 de noviembre sendas vistas para examinar los recursos del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la reapertura de investigaciones por posibles crímenes contra la humanidad, según informó la propia corte, que aclaró que el resultado del dictamen final se conocerá en una fecha posterior.
En las vistas, tomarán la palabra representantes del gobierno de Nicolás Maduro, de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) y de la Fiscalía del TPI, a quien compete examinar los presuntos abusos cometidos en el país a raíz de las movilizaciones opositoras de 2014.
TPI examinará en noviembre a Venezuela
La oposición venezolana ha apelado en reiteradas ocasiones a la intervención del TPI y en septiembre de 2018 un grupo de países –Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– remitieron una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a territorio nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala quien fijó posición este martes para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.
La Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI dio en junio de 2023 la luz verde final a la que ahora el gobierno venezolano quiere poner de nuevo coto. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya.
Con información de ACN/El nacional
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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