Una representación nacional y regional del partido Primero Justicia (PJ) acudió el pasado viernes a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir la intervención inmediata del organismo ante el deterioro progresivo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su impacto en las condiciones de vida de los venezolanos.

La comisión —integrada por Milagros Valera, presidenta de PJ Miranda; Oswaldo Siano, presidente de la organización en Caracas; y los coordinadores juveniles Andrés García (Apure) y Elizabeth Castillo (Mérida)— interpuso un petitorio fundamentado en el artículo 281 de la Constitución Nacional, el cual faculta a la Defensoría del Pueblo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como por la protección de los derechos colectivos y difusos.

Esta misma exigencia movilizó a las estructuras regionales de Primero Justicia en los estados Yaracuy, Barinas, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Aragua y Zulia.

Solicitante de investigación sobre fondos asignados al SEN

Milagros Valera denunció que la inestabilidad en el suministro eléctrico afecta directamente la seguridad ciudadana, la actividad productiva y el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación.

«Acudimos como usuarios y consumidores a exigir que la Defensoría cumpla con su deber constitucional. Asimismo, pedimos que inste al fiscal general de la República a iniciar las investigaciones correspondientes y ejercer acciones legales contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido el menoscabo de este servicio esencial. De igual forma, ante los millonarios recursos anunciados para la recuperación del SEN que no se traducen en mejoras, se presumen irregularidades administrativas que deben ser auditadas e investigadas de forma urgente», aseveró la dirigente nacional de Primero Justicia.

Por su parte, el dirigente de PJ Caracas, Oswaldo Siano, indicó que la crisis del servicio ha alcanzado un nivel crítico que afecta incluso a la capital del país con fluctuaciones y cortes intermitentes de varias horas, contraviniendo el derecho a una vida digna.

Ocho horas diarias sin electricidad en el interior del país

Asimismo, los voceros del interior del país expusieron la gravedad de la situación en las regiones. Andrés García, representante juvenil de PJ en el estado Apure, calificó la contingencia como una emergencia humanitaria que afecta severamente la cotidianidad de los ciudadanos.

«En el estado Apure la luz se va entre 6 y 8 horas diarias. La semana pasada constatamos que en la parroquia Mantecal, del municipio Muñoz, los ciudadanos pasan más de ocho horas continuas a oscuras. Esto dejó de ser un simple fallo técnico; se trata de una situación insostenible que exige soluciones de fondo, dignidad y respeto para nuestra gente», enfatizó García.

Por su parte, Elizabeth Castillo, representante juvenil de PJ Mérida, calificó como inaceptable la frecuencia de las interrupciones en la zona andina. «Vemos con profunda preocupación que en Mérida tengamos que soportar hasta dos cortes eléctricos diarios de cinco a seis horas cada uno. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar un servicio continuo y de calidad», enfatizó.

Nota de prensa

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