Nacional
696 personas atendidas por el programa El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor
El fiscal general Tarek William Saab informó que hasta la fecha se han atendido 696 personas en el programa El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor.
Este plan fue lanzado desde esta institución el pasado 20 de abril, con el propósito de garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia de este sector de la población.
Durante la realización de una jornada de atención jurídica y social, con motivo de la celebración del Día del Adulto Mayor en la plaza de Parque Carabobo en Caracas, el fiscal indicó también que se han recibido 535 denuncias de delitos hacia esta población.
En este sentido, destacó que las denuncias se referían a invasiones (70 casos), perturbación a la posesión pacífica (60 casos), lesiones (44 casos), en materia de violencia sicológica (37 casos), amenazas (36 casos), con apropiación indebida (35 casos) y estafas (33 casos).
Entre los estados del país con más incidencias de este tipo, citó al Área Metropolitana de Caracas, Lara, Carabobo, Zulia y Barinas
Mencionó que como parte de este programa, desde la institución que lidera se habilitó el número de teléfono 0-800-3RA-EDAD (0800-372-3323) para recibir denuncias específicas que involucren a adultos mayores.
Asimismo, detalló que se instruyó a las Unidades de Atención a la Víctima a que reciban sus denuncias.
Programa El Ministerio Público protege al Adulto Mayor tiene su propia línea telefónica
En la actividad, el titular de la acción penal resaltó la denuncia del 19 de mayo efectuada por el adulto mayor Fortunato Donnabel, quien alquiló un anexo de su inmueble a una persona que falleció en el año 2021, el cual quedó a cargo de un hijo abogado sin pagar los cánones de arrendamiento respectivos.
A su vez, explicó que el involucrado además alquilaba una habitación de dicho espacio, por cuyo concepto cobraba una suma en dólares, por lo que una vez recibida la denuncia el Ministerio Público se activó y, tras realizar una inspección del inmueble, logró la restitución de este y la aprehensión del invasor.
En otra situación de similar, habló del caso de Gaetano Ciccone en Aragua, quien denunció que desde el año 2013 un hombre tenía un contrato de arrendamiento vencido sobre un local comercial de su propiedad y, sin conocimiento de la víctima, empezó a pagar 7 bolívares en un tribunal.
Posteriormente, desde el año 2020 dejó de pagar en su totalidad y no quería devolver el inmueble.
“Recibida la denuncia, se trasladó la Fiscalía 28 de Aragua a objeto realizar una inspección del local y logró la restitución del mismo”, explicó el fiscal general.
En un tercer caso, Saab refirió que el pasado 26 de abril, en Aragua, Aida Padilla manifestó ser víctima de invasión en su local comercial durante 14 años, cuyos ocupantes no pagaban alquiler ni querían desocupar el inmueble.
Tras la actuación del Ministerio Público, se logró su inmediata restitución.
Por último, detalló la denuncia que hizo Tibisay Mieres el 12 de mayo en Carabobo, en la cual alegaba que su hija no le permitía ingresar a su vivienda desde el año 2016, lapso en el que no tenía donde vivir.
“Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía 7a de Carabobo se trasladó a objeto de realizar una inspección del inmueble, logrando la restitución del mismo”, expresó.
Nota de prensa
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Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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