Internacional
Juez impide que administración Trump elimine protecciones de deportación para venezolanos (+Video)
Un juez federal impidió temporalmente este lunes que el Gobierno de Trump termine con las protecciones de deportación para 350.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos.
A principios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el acabar con una forma de alivio humanitario conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos, con más de 300.000 venezolanos en EE.UU. programados para perder esas protecciones la próxima semana. Otros 250.000 inmigrantes que llegaron antes de 2023 iban a perder su estatus en septiembre.
Un tema central en los procedimientos era si el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el mando de Kristi Noem, tenía la autoridad para eliminar la designación existente de TPS antes de que estuviera programada para expirar.
La administración de Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales. La decisión del lunes se aplica a la designación de 2023.
El 13 de febrero de 2025, en Miami, Florida, la gente se une para apoyar una resolución que reinstaura el estatus de protección temporal para los venezolanos.
Violó la Ley de Procedimiento Administrativo
Los impugnadores, migrantes venezolanos cubiertos por el TPS, sostuvieron que la repentina reversión de las protecciones por parte de Noem violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos para las agencias federales al implementar cambios de política. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.
En una audiencia del 24 de marzo, los abogados de los migrantes señalaron declaraciones públicas de Noem y del presidente Trump que, según dijeron, despreciaban a los migrantes venezolanos, sugiriendo que la decisión de anular el TPS estaba influenciada por una intención discriminatoria. Ese argumento llevó al juez a hacer preguntas agudas al Departamento de Justicia.
“¿Por qué no deberían considerarse declaraciones basadas en generalizaciones negativas sobre un grupo de 600.000 venezolanos, sin fundamento, como la definición de racismo?” preguntó el juez Edward Chen. “¿No son problemáticas tales declaraciones?”
La abogada del Departamento de Justicia, Anna L. Ditcher, dijo que los comentarios fueron sacados de contexto, argumentando que Noem se refería específicamente a miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Se han presentado demandas similares en Maryland, Nueva York y Massachusetts por grupos de derechos de inmigrantes.
Con información de ACN/Agencias
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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