Internacional
¡Su partido buscará su renuncia! Presidente de Corea sobrevivió a juicio político
Juicio político a presidente de Corea del Sur. Yoon Suk Yeol se salva, tras votación este sábado 7 de diciembre sobre su breve declaración de ley marcial, pero el partido gobernante dijo que buscará su renuncia.
En otro día de gran dramatismo, Yoon evitó ser destituido de su cargo después de que miembros de su partido abandonaran el parlamento y boicotearan la votación. Sólo dos permanecieron en la cámara, mientras que el único legislador gobernante que regresó votó en contra de la moción.
Fuera del salón principal, se podía escuchar a los legisladores de la oposición gritar: “¡Entren [al recinto]!”. También los llamaron “cobardes”.
Mientras tanto, grandes multitudes de manifestantes se reunieron fuera de la Asamblea Nacional, pidiendo la destitución del presidente.
El presidente Yoon está enfrentando una intensa presión para renunciar, después de su sorpresivo intento de declarar la ley marcial en Corea del Sur, que luego abortó. El intento fallido, que habría sido la primera vez en más de cuatro décadas si se promulgaba la ley, provocó una feroz reacción.
Se necesitan al menos 200 legisladores para que se lleve a cabo la votación.
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Juicio político a presidente de Corea del Sur no contó con los votos
Los legisladores de la oposición presentaron otra moción para el miércoles 11 de diciembre, la próxima fecha disponible en la que pueden votar sobre el juicio político de Yoon.
A pesar de que en gran medida se unieron para frustrar el impeachment de Yoon, el gobernante Partido del Poder Popular (PPP), del que es miembro el presidente, insiste en que debe dimitir.
El líder del PPP, Han Dong-hoon, dijo que su partido “seguirá presionando para que el presidente renuncie de manera ordenada” con el fin de “minimizar la confusión”.
Un legislador de la oposición, Kim Joon-hyung, del Partido de la Reconstrucción de Corea, dijo que no había forma de que el presidente pudiera durar hasta el final de su mandato, y que estaba “acabado”.
“Cuanto antes renuncie o sea destituido, mejor para nuestro país”. Agregó.
Se debe presentar el conservadurismo
Juicio político a presidente de Corea del Sur. El único legislador que volvió a votar en contra de la moción, Kim Sang-wook, describió su situación y dijo a los periodistas en la Asamblea Nacional que cree que se debe preservar el conservadurismo que “protege a la libre República de Corea”.
Si bien no cree que el presidente Yoon califique como presidente, votó en contra de la moción de impeachment de acuerdo con la opinión de su partido. Dijo que había escuchado al presidente, quien se disculpó y dijo que “confiaría” en que el partido respondiera.
“Quiero creer en sus palabras”, dijo Kim.

La disculpa de Yoon
Yoon se disculpó ante la nación este sábado en sus primeros comentarios públicos desde que su intento fallido de imponer la ley marcial sumió al país en el caos político y provocó pedidos de destitución.
“Esta declaración de emergencia de la ley marcial surgió de mi desesperación como máximo responsable de los asuntos del Estado”, dijo Yoon en un discurso de dos minutos.
“Lo siento profundamente y pido sinceras disculpas a los ciudadanos que deben haberse sentido muy conmocionados”, dijo Yoon, reconociendo que “causó ansiedad y molestias” a los ciudadanos surcoreanos.
Yoon dijo que “no eludirá la responsabilidad legal y política relacionada con esta declaración de ley marcial”.
Desmintió rumor
En respuesta a los rumores de este sábado de que la ley marcial sería invocada nuevamente, Yoon dijo que “no habrá en absoluto un segundo intento de enmienda constitucional”.
“Confiaré a mi partido los métodos para estabilizar la situación política, incluido el resto de mi mandato… Pido disculpas a los ciudadanos por las preocupaciones que he causado”, concluyó Yoon al bajar del estrado y hacer una reverencia.
La declaración de emergencia militar, aunque de corta duración, fue recibida con conmoción e indignación en todo el país, que sigue profundamente marcado por la brutalidad de la ley marcial impuesta durante décadas de dictadura militar antes de ganar una larga y sangrienta lucha por la democracia en la década de 1980.

Presión en aumento
La presión sobre Yoon ha aumentado en los últimos días, con manifestantes y figuras de la oposición exigiendo su destitución, y el apoyo vacilante incluso dentro de su propio partido y las Fuerzas Armadas.
El líder del partido gobernante declaró tras el discurso de Yoon que la dimisión del presidente ya era inevitable.
En declaraciones a la prensa, Han Dong-hoon, jefe del Partido del Poder Popular del propio Yoon, dijo que era “imposible que el presidente siguiera ejerciendo sus funciones normales”.
Este viernes, Han dijo que Yoon debía ser suspendido inmediatamente de sus funciones para proteger al país de un “grave peligro”, en un dramático cambio de opinión que agrava la presión sobre el presidente.
Las disculpas de Yoon se produjeron al tiempo que salían a la luz nuevos detalles de la lista de detenciones que el presidente elaboró durante los disturbios, un importante punto de inflexión que llevó a Han a pedir la suspensión de Yoon este viernes.
Conversación telefónica
Poco después de declararse la ley marcial, Yoon supuestamente dijo por teléfono a Hong Jang-won, primer subdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, que debía aprovechar la oportunidad para “arrestar y limpiar todo”.
Yoon dijo que daría autoridad al servicio de inteligencia para lanzar una investigación de contrainteligencia y “apoyarla con fondos y personal incondicionalmente”.
Los detalles fueron revelados por primera vez a los periodistas por legisladores informados sobre la conversación telefónica, y Hong confirmó este sábado a CNN la veracidad del contenido.
Hong se enteró más tarde de la lista a través del Mando de Contrainteligencia de Defensa (DCC, por sus siglas en inglés) y pensó que era “una locura”, dijeron antes los legisladores citándolo.
Han figuraba en la lista de detenidos junto a un grupo de políticos, entre ellos el líder del opositor Partido Demócrata, Lee Jae-myung.
ACN/MAS/CNN
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Internacional
Estados demandan a admnistración Trump para frenar norma que dificulta obtener green card (+ video)
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
ACN/MAS/CNN
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