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Solicitan orden de captura internacional en contra Maduro y otros funcionarios

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Foto: @AlbertoRT51
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La exfiscal de la República Luisa Ortega Díaz presentó ante la Corte Penal Internacional una denuncia en contra del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López,  el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el director del Sebin Gustavo González López, Jefe del gobierno del Distrito Capital Antonio Benavides Torres por haber cometido  crímenes de lesa humanidad.

Manifestó que está solicitando que se libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y el resto de las personas que denunció este jueves.

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«Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelación, ataque sistemático en contra de la población civil. He cedido un cúmulo de pruebas más de mil elementos probatorios».

Ortega Díaz dijo que en Venezuela no hay justicia y por eso decidió trasladarse hasta la Corte Penal.

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Indicó que en el «2015 fueron asesinadas 1777 personas por funcionarios policiales y militares, 2016 con un total de 4667 personas bajo las mismas condiciones y hasta junio de este año 1846 personas todas bajo las órdenes del Ejecutivo amparados en un plan que persigue el gobierno  de limpieza social. También incluímos las OLP donde fueron asesinadas 505 personas. Más de 17 mil detenciones arbitrarias además de casos de tortura».

@VanesaRojasVe.

Internacional

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española

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Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra - Agencia Carabobeña de Noticias
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La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.

La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.

La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.

De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.

Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra

La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.

El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.

Salpica a Rodríguez Zapatero

El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.

La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.

Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.

ACN/MAS/Agencias

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