El informe de misión de la ONU sobre DDHH en Venezuela, lejos de ser un instrumento de contrapeso frente a la represión  del Gobierno de Nicolás Maduro, la Justicia venezolana ha desempeñado un rol esencial en años de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el último informe de la misión internacional de las Naciones Unidas para ese país; publicado ayer.

Eso soltó de una vez las dos voces, para el fiscal general Tarek William Saab, es un «panfleto», calificativo para referirse al informe; mientras que para la oposición, en la voz de exdiputado Miguel Pizarro «reafirma la violación de los DDHH en Venezuela» y Amnistía Internacional (AI), también lo avala.

«Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidas por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales»; subrayó la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.

Informe de misión de la ONU sobre DDHH en Venezuela

El informe de más de 200 páginas, presentado en rueda de prensa en Ginebra y que se debatirá en el Consejo de Derechos de la ONU el próximo día 24 de septiembre; denuncia presiones gubernamentales para que los jueces nieguen garantías a los opositores; así como obstáculos a los abogados y hasta amenazas que han llevado a algunos magistrados al exilio.

«Algunos de los jueces que entrevistamos huyeron del país al no ser vistos como aliados del sistema y siguen viviendo con miedo fuera de Venezuela»; denunció Valiñas.

El informe es el segundo que realiza la misión desde que el Consejo de Derechos Humanos aprobara su creación en 2019; en esta ocasión se ha dedicado específicamente a la acción de la Justicia; aunque aclara que otras instituciones, como las fuerzas de se seguridad, siguen cometiendo abusos en Venezuela.

Justicia dependiente y cómplice

Respecto al Poder Judicial, el documento concluye que Venezuela presenta «un sistema de Justicia carente de independencia»; que «perpetúa las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno».

Entre las múltiples irregularidades que documenta la misión se cita el uso de la prisión preventiva como una medida rutinaria; cuando debería ser excepcional, o el hecho de que magistrados emitan órdenes de arresto con carácter retroactivo para ocultar anteriores detenciones ilegales, algunas de ellas acompañadas de torturas.

Valiñas también señaló que en ocasiones los fiscales han presentado supuestas pruebas obtenidas mediante tortura; aceptadas después por los jueces; o que algunos magistrados, pese a ver signos de maltrato en detenidos, no dudaron en ordenar su regreso a los centros donde habían sufrido abusos.

Por otro lado, muchos abogados han sufrido con frecuencia obstáculos para ejercer la defensa; a menudo los detenidos son forzados a aceptar a un letrado de oficio, en lugar de uno de su propia elección.

El sistema de justicia de Venezuela «necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que protege los derechos de todos los venezolanos de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales»; añadió otro de los miembros de la misión, el chileno Francisco Cox.

En rueda de prensa, Cox se mostró sin embargo cauto ante la posibilidad de que la justicia internacional pueda actuar ante la impunidad y la falta de independencia de la venezolana; señalando que «deben ser los tribunales o los Estados quienes decidan si ejercer o no la jurisdicción universal».

Presión política continuada

El informe de misión de la ONU resalta que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.

«Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo»; señala el documento.

La misión de la ONU destacó que incluso en casos judiciales usados por el Gobierno venezolano para mostrar supuestos avances en derechos humanos hay signos de impunidad e irregularidades.

Es el caso del proceso sobre las muertes de Fernando Albán; líder opositor muerto en 2015 al caer desde el décimo piso cuando estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) o del militar Rafael Acosta, fallecido en 2018 con signos de haber sufrido torturas.

Las acusaciones de la fiscalía presentadas ante estos casos «tienen un alcance muy limitado y se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando», asegura el informe.

Los miembros de la misión señalaron que han enviado los resultados de sus investigaciones, para las que realizaron 177 entrevistas, al Tribunal Supremo de Venezuela y el Ministerio Público (fiscalía), sin obtener ninguna respuesta.

Fiscal lo califica de «panfleto»

El fiscal general, Tarek William Saab, tachó  ayer de «panfleto» el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.

«Hicieron un panfleto atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles, de asedio a nuestro país»; dijo Saab en una declaración sin preguntas.

Según dijo, los jueces y fiscales venezolanos muestran a diario «cómo deben hacer las cosas» en defensa de los derechos humanos; «en el combate al narcotráfico» y a la delincuencia organizada.

Por eso, consideró «lamentable» que la misión siga «ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana» con un informe que busca «ofender» y «mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales del sistema de justicia».

Por todo ello, rechazó «de manera contundente» y «sin lugar a dudas» el informe.

Finalmente, destacó que en Venezuela hay un sistema de Justicia que trabaja «en base a lo que establece la constitución y la ley» a la vez que reiteró el «compromiso» de la Fiscalía «para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos sin distingo de ninguna clase».

Tarek William Saab.

Oposición apoya el informe

La oposición consideró que el nuevo informe «reafirma la violación sistemática de derechos humanos» en el país.

«Este nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por organismos internacionales, sino que también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de derechos humanos»; dijo el exdiputado Miguel Pizarro en un comunicado de la oposición.

Asimismo, Pizarro, nombrado por Juan Guaidó comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU); subrayó que «en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario».

«Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han negado la reparación la verdad y la justicia a las víctimas y el Estado Venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo»; aseveró.

Miguel Pizarro.

AI avala a Misión de la ONU

El informe de misión de la ONU sobre DDHH en Venezuela para Amnistía Internacional (AI) consideró que avala sus denuncias de crímenes de lesa humanidad; e identifica a posibles responsables de los mismos.

«En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país»; dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, citada en un comunicado de la organización.

Erika Guevara Rosas.

ACN/MAS/EFE

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