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Informan detención del presidente de la CVG Pedro Maldonado y otros directivos

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Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Anticorrupción habrían detenido al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Pedro Maldonado, y otros directivos de las empresas básicas de Guayana.

Así lo reflejaron medios de comunicación del estado. El Correo del Caroní dijo en su cuenta de la red social Twitter que desde la mañana de este jueves 30 de marzo llegaron los funcionarios a la CVG.

«Además del presidente de la CVG, Pedro Maldonado, informan que hay otras cinco personas de la directiva que fueron detenidas», dijo este medio de comunicación de la entidad al sur de Venezuela.

Quién es Pedro Maldonado

Pedro Maldonado, además de estar al frente de la CVG, es viceministro de Industrias Básicas, una cartera que dirigió Tareck El Aissami antes de su designación al frente del Ministerio del Petróleo, cargo al que renunció el pasado 20 de marzo después de una serie de detenciones contra funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), el diputado chavista Hugbel Roa y un grupo de empresarios.

Maldonado estaba al frente de la CVG desde julio de 2018. Bajo la gestión de Tareck El Aissami en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tuvo varios cargos en ese despacho. Entre ellos, según Poderopedia, estuvieron la de coordinar la dirección Derechos Humanos del MIJ desde 2007 entre 2009 y 2010 ejerció como encargado del Sistema Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Es un abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), que además fue presidente del Banco Central de Venezuela en 2017 y director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entre los años 2010 y 2014; es decir, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Qué pasa en la CVG

Detienen al presidente de la CVG Pedro Maldonado - acn

Las protestas sindicales por el manejo de las industrias básicas de Guayana han sido una constante en el último lustro, como también la persecución y encarcelamiento de dirigentes. Dos de los casos más emblemáticos han sido los de Rubén González y Rodney Álvarez, que estuvieron en la cárcel por varios años.

En 2018, enviaron a cuatro trabajadores de Venalum a la cárcel de La Pica, en Maturín estado Monagas, por órdenes de un tribunal del estado Bolívar que ordenó su reclusión en la penitenciaría oriental después de que los detuvieran el 14 de diciembre de ese año.

En las más recientes a inicios de este 2023, también apresaron a varios trabajadores por reclamar salarios dignos. Aunque los liberaron con medidas cautelares, las promesas de instalar una mesa de diálogo para discutir sus demandas no lograron resultados.

Incluso, el pasado 23 de marzo convocaron a una manifestación en la que exigieron que se realizara un operativo anticorrupción en la CVG, tal como se hizo en Pdvsa.

 

 

 

Con información de Efecto Cocuyo/ ACN

 

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Familiares de venezolanos asesinados en protestas de 2017 piden justicia

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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 - Agencia Carabobeña de Noticias
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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela. La Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) lo exigió este viernes 26 de abril para que se aplique una “justicia genuina” para los casos de los ciudadanos que murieron hace años, al tiempo que denunciaron que el sistema judicial “relega a las víctimas y protege a los victimarios”.

“Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, Sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada”. Señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.

Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que “relega a las víctimas y protege a los victimarios, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje”. Afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.

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Piden justicia por asesinados en protestas de 2017 en Venezuela

Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que “el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e, incluso, la muerte. Y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos”.

La alianza sostuvo que, a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.

“No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa”. Apuntó.

A saber

  • La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias de la Asamblea Nacional (AN), entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela. 

ACN/MAS/EFE

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