El hacinamiento es alarmante. Los centros de reclusión de 13 regiones del país, tanto civiles como militares, superaron su capacidad instalada de ingreso de procesados. El estudio forma parte de una investigación realizada por la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad durante el año 2017.

El análisis arrojó que existen 14.525 presos en 198 centros de detención preventiva. Esta cifra se acerca al triple de la cantidad para lo que fueron construidas estas estaciones civiles y militares, que en la realidad solo pueden albergar 5.910 personas, es decir, 8.615 privados de libertad no deberían permanecer en estos recintos que están ubicados en la Gran Caracas y los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.

Muchos casos de estos reclusos superan los 12 meses de aprehensión en esos comandos sin ningún avance procesal o a pesar de haber sido juzgados. Los miembros de la ONG que participaron en esta evaluación corroboraron las críticas condiciones en las que permanecen estas personas.

Porcentualmente el análisis que se realizó durante la visita a estas sedes que fueron fabricadas para albergar a estos ciudadanos durante un lapso no superior a los tres días, arrojó que 96,46% no posee comedor; 62,12% no cuenta con servicios higiénicos; 100% no cuenta con servicio de lavandería; 92,93% no posee áreas recreativas.

Además un 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no tiene agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico; 61,62% no cuenta con áreas especiales para la población femenina; 100% no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes.

Luego de obtener esta información, la ONG defensora de los derechos humanos concluyó sobre la importancia de que el Gobierno nacional prevea un presupuesto nacional destinado a optimizar las condiciones en la que viven los detenidos tomando en cuenta todos los aspectos mencionados. Consideran necesario exhortar al Ministerio Público agilizar los traslados a los centros de reclusión del país para diminuir el hacinamiento y pidieron a la Defensoría del Pueblo garantizar atención médica a los detenidos que padecen de enfermedades infecto contagiosas o crónicas.

Ana Ramos/ACN/NP

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