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Fuerzas de seguridad de Maduro han ejecutado 18 mil personas desde 2016

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Fuerzas de seguridad - ACN
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Por la presunta “resistencia a la autoridad” las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro ha ejecutado a 18.000 personas desde el año 2016.

Según la oenegé internacional ONG Human Rights Watch (HRW) la mayoría de las víctimas cayeron en manos de las temidas  Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Sin embargo, el Ministerio Público chavista guarda silencio. Un comunicado divulgado por HRW refiere que 5.995 personas cayeron abatidas en 2016, 4.998 en 2017 y 6.856 en 2018. Y los primeros cinco meses de 2019 la cifra sigue en aumento.

El número incluye las numerosas ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad, las Faes y otros grupos leales al chavismo. “Desde que se crearon las Faes, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos”, indica el informe de HRW.

Entre los homicidios se cuentan aquellos cometidos por los llamados colectivos armados. Las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se concentran en comunidades de bajos recursos que le dieron la espalda al régimen de Maduro.

Fuerzas de seguridad se llevan las caraotas

“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia. Matan y detienen de manera arbitraria a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”, explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las Faes vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban la cara tapada. Llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

Las fuerzas de seguridad de Maduro cargan con caraotas, arroz, harina de maíz y todo lo que consiguen. Las víctimas acuden al Cicpc, pero allí también se hacen loe desentendidos.

La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que las Faes alteraron el lugar del homicidio. Y además manipularon las evidencias. “Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción”, denunció HRW.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

Felicitan a las Faes

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y “proteger al pueblo” frente a “las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal”. El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016.

En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo “¡Que viva el FAES!” y expresó su pleno apoyo “para el FAES en su labor diaria”.

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Así opera la Banda Los Parceros, dedicada a la trata de personas en Cumaná

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Los Parceros, banda de trata de personas en Cumaná - Agencia Carabobeña de Noticias - Agencia ACN- Noticias Carabobo
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Douglas Rico, director general del Cicpc, dio a conocer la captura de El Negro, integrante de la banda delictiva Los Parceros, en Cumaná. La misma se dedica a la trata de personas.

Indicó que, funcionarios de la Delegación Municipal Puerto La Cruz, en la urbanización Gran Mariscal, en el municipio Sucre, detuvieron a Ricardo Fuentes (22). Relató que, en un minucioso y arduo trabajo de investigación de campo, demostraron la culpabilidad del delincuente en el delito de trata de personas.

Añadió que, bajo engaño y falsas promesas de trabajo, se encargaba de captar y trasladar a las víctimas desde la ciudad de Cumaná, estado Sucre. De ahí  las llevaban hacia la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. De ahí las trasladabas a la República de Colombia, con la finalidad someterlas a explotación sexual.

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Banda dedicada a trata de personas

Asimismo, indicó que, este hombre recibió pagos por medio de bancos internacionales para costear los gastos del traslado, manteniendo constante comunicación vía telefónica con otros cuatro integrantes de la banda, aún por detener.

De igual manera detalló que recibía además un porcentaje de dinero por cada mujer y joven trasladada; colectando como evidencia un Hyundai Accent, año 2001, placas FB061N y un celular, Samsung A12.

Rico explicó, además que, el modus operandi de la banda es captar a sus víctimas luego de conocer su estatus económico, ofreciéndoles una oportunidad laboral en otro país para mejorar su calidad de vida.

Así opera la banda Los Parceros

En este sentido, a las victimas les prometían que el viaje era costeado por los captadores; una vez trasladadas al país destino en compañía del tratante, las despojan de sus documentos de identidad.

De ahí las trasladan hacia el lugar donde las acogen y bajo amenaza de muerte, las  explotan sexualmente. Esto para retribuirles a los financiadores el dinero invertido, obteniendo beneficios económicos ilícitamente.

Recalcó que el radio de acción de esta banda es la ciudad de Cumaná, estado Sucre; el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui; San Cristóbal, estado Táchira y la República de Colombia, en horas de la mañana y la noche. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 10° del Ministerio Público del estado Sucre.

Con información ACN/CICPC

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