El flujo de refugiados aumenta en América durante el año 2022. Según un informe difundido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), creció un 17% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de seis millones de personas. De manera destacada, la mayoría de estos individuos provienen de Venezuela.
Es importante mencionar que este notable incremento no se debe principalmente a un mayor éxodo de venezolanos, sino a la actualización de las estimaciones de desplazados internos en Colombia y Perú, los cuales han aumentado en 611,000 y 178,000 personas respectivamente.
De acuerdo con los datos proporcionados por la ACNUR, Colombia es el país del continente americano que alberga el mayor número de refugiados y extranjeros en situación de protección, con 2.5 millones de personas en estas circunstancias. Le siguen Perú, con 976,400 personas, y Ecuador, con 555,400 personas.
Flujo de refugiados aumenta en América
Estas cifras adquieren relevancia cuando se analizan en el contexto global, donde se estima que un total de 108.4 millones de personas fueron forzadas a desplazarse dentro o fuera de sus países durante el año 2022 debido a diversas causas, como la violencia, los conflictos armados, la persecución, la discriminación o los desastres naturales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha señalado que este fenómeno ha continuado en aumento durante los primeros seis meses de 2023 y que actualmente existen más de 110 millones de desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas que requieren protección similar.
Venezolanos destacan
En América, los venezolanos ocupan un lugar destacado en la lista de grupos nacionales con mayor número de refugiados o personas en necesidad de protección. Con un total de 5.45 millones de personas, se sitúan en el cuarto lugar a nivel mundial, detrás de sirios (6.54 millones), ucranianos (5.67 millones) y afganos (5.66 millones).
Es importante mencionar que, según las autoridades de Venezuela, desde 2018 han retornado al país 300,000 ciudadanos venezolanos, incluyendo 30,000 que participaron en el plan “Vuelta a la Patria” promovido por el gobierno.
Asimismo, es relevante destacar que, en cuanto a los desplazamientos internos, es decir, aquellos que ocurren dentro de las fronteras de los países debido a circunstancias similares a las de los refugiados, Colombia ha sido el único país de América donde se registraron más desplazamientos durante el año 2022. En ese periodo, 214,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en Colombia debido a la violencia o a catástrofes.
Estados demandan a administración Trump. Nueva York y otros 21 estados están demandando a la administración Trump para bloquear una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional que otorgaría a los funcionarios de inmigración mayor discrecionalidad para denegar tarjetas de residencia (green cards), visas o la entrada a Estados Unidos, al determinar si los solicitantes podrían llegar a depender de ayudas gubernamentales.
El cambio en la norma, cuya entrada en vigor está prevista para el viernes, probablemente dificultaría que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si utilizan —o se considera probable que necesiten— beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o vales de vivienda.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani —quien lidera una coalición de ciudades que presenta una demanda similar—, anunciaron la acción legal durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Manhattan el lunes.
Estados demandan a administración Trump…
Estados demandan a administración Trump. “La norma permitiría a los agentes de inmigración considerar el uso de beneficios fundamentales como Medicaid y SNAP (el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), e incluso la participación en programas de comidas escolares, como parte de la situación del solicitante”, dijo James. “Eso significa que los neoyorquinos inmigrantes podrían verse obligados a plantearse preguntas imposibles: ‘¿Afectará negativamente a mis posibilidades de obtener la residencia permanente el hecho de contratar un seguro médico? ¿Se utilizará en mi contra el haber aceptado ayuda alimentaria en momentos de dificultad?’”.
Los estados, cuya demanda también incluye al Distrito de Columbia, argumentan que perderían miles de millones de dólares en fondos federales si los inmigrantes —particularmente las familias de estatus migratorio mixto— se dan de baja de los programas por temor a consecuencias migratorias.
¿A qué se refiere?
La demanda se refiere a los cambios pendientes en lo que se conoce como la norma de “carga pública” (public charge), una disposición de la ley de inmigración de EE.UU. que permite al gobierno denegar una visa o tarjeta de residencia a alguien que, según determina, probablemente dependerá de la asistencia gubernamental.
Históricamente, los funcionarios de inmigración solo contabilizaban los beneficios en efectivo —como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Ingreso de Seguridad Suplementario de la Seguridad Social— en sus evaluaciones. Sin embargo, el cambio pendiente de la administración Trump no especifica qué programas de red de seguridad deben considerarse, lo que significa que también podrían incluirse beneficios no monetarios como Medicaid y vales de vivienda.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por temor a que solicitar asistencia provoque su deportación”, afirmó James en un comunicado. “Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”.
La norma se centra en personas que ya tienen un estatus legal en EE.UU. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
Disuadir a inmigrantes de inscribirse en programas
La ampliación de la norma de carga pública forma parte de los esfuerzos más recientes del Gobierno de Trump para disuadir a los inmigrantes de inscribirse en programas de red de seguridad para los que ellos o sus hijos ciudadanos podrían ser elegibles.
El “gran y hermoso proyecto de ley” del Partido Republicano, que Trump promulgó en julio de 2025, limita la elegibilidad de los inmigrantes legales para Medicaid y los cupones de alimentos. Los refugiados, las personas con asilo concedido y las víctimas de violencia doméstica y trata de personas con fines sexuales ya no reúnen los requisitos para participar en los programas. Solo los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) y ciertos otros inmigrantes pueden inscribirse.
Por lo general, los niños que son ciudadanos estadounidenses siguen siendo elegibles, aunque es posible que muchos padres decidan no solicitar los beneficios en su nombre para evitar interactuar con el gobierno federal.
Nueva norma es «arbitraria y caprichosa»
La demanda presentada por James en nombre de Nueva York sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está excediendo su autoridad, ya que el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una “carga pública”. El estado, junto con otros demandantes, también argumentará que la nueva norma es “arbitraria y caprichosa”, y que el DHS ignoró las consecuencias perjudiciales del cambio y no lo justificó adecuadamente.
Las demandas de los estados y de los gobiernos locales se presentaron el lunes por la mañana ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambas solicitan al tribunal que declare ilegal la norma y que impida al DHS aplicarla. Hasta primeras horas de la tarde del lunes, ninguna de las demandas tenía un juez asignado ni una audiencia programada.
“La crueldad es el objetivo (del cambio de norma)”, declaró James el lunes. “El objetivo es generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes. Es hacer saber a las personas que no son bienvenidas aquí. El objetivo es la hostilidad hacia la inmigración”.
“El hecho de que se vayan a negar beneficios a personas enfermas, hambrientas y sin hogar es algo inaceptable. Y por eso estamos buscando anular esta norma en el estado de Nueva York”, afirmó.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para solicitar comentarios.
