Internacional
En Florida impone más sanciones contra Gobierno venezolano
Las compañías que hacen vida en el estado de Florida, Estados Unidos, no tendrán ninguna posibilidad de comercializar con las autoridades gubernamentales de ese estado si tienen negocios con el Gobierno de Venezuela.
Esto es una consecuencia de la nueva ley que prohíbe a ese estado estadounidense invertir en empresas que negocien con autoridades gubernamentales del país suramericano. La normativa fue anunciada por el gobernador de Florida, Rick Scott, quien firmó el documento legal luego de ser aprobado por los legisladores de esa región en un debate celebrado el 8 de marzo.
Según la agencia AFP, a partir del primero de julio, entrará en vigencia la ley 359 que impedirá a la Junta de Administración Estatal (SBA) «invertir en acciones, títulos de deuda u otras obligaciones» con cual empresario que sostenga negocios con el régimen del presidente Nicolás Maduro.
Prohibido apoyar a la «dictadura»
La normativa surgió en respuesta a la compra de bonos que concretó el banco de inversiones Goldman Sachs con el Gobierno de Venezuela por un monto que estaba muy por debajo de su valor real. El negocio fue duramente criticado por los opositores quines señalaron a esa empresa privada de respaldar la «dictadura».
«Juntos, arrojaremos luz sobre la inaceptable tiranía política y violencia infligida por (el presidente Nicolás) Maduro y sus despiadados matones», dijo el gobernador de Florida, convencido de que la estrategia contribuirá a acorralar al Gobierno de Maduro.
El anuncio de esa ley surge después de que Suiza informara sobre una sanción impuesta contra siete altos funcionarios venezolanos, la medida les prohíbe ingresar a la nación europea, además fueron congelados los bienes que podrían poseer en ese país.
Por su parte el senador Marco Rubio declaró recientemente que estas sanciones sin tendrán su efecto y descartó cualquier intervención militar en territorio venezolano por parte del Gobierno de Estados Unidos que ha manifestado su posición contra las políticas implementadas por Nicolás Maduro.
ACN
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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