Familiares de las víctimas en PoliCarabobo ratificaron exigencias en Defensoría del Pueblo

Familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en marzo en la Comandancia General de la PoliCarabobo no han recibido respuestas a sus exigencias por parte de ninguna de las autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo.

Este 2 de julio ratificaron sus peticiones en torno al esclarecimiento del lamentable hecho; donde murieron 69 personas el 28 de marzo. Ese es el segundo documento que consignan en el organismo, el primero lo presentaron el 26 de junio.

La abogada Lyli López, quien está al frente del caso, recordó en el texto que hay dos familias que no saben dónde están los cuerpos de sus seres queridos. Los cadáveres de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda siguen desaparecidos. A casi tres meses de lo sucedido, los parientes no han podido darle cristiana sepultura.

Familiares de las víctimas tienen sus exigencias

Entres sus exigencias destaca la exhumación para practicar nuevamente las autopsias que determinen la causa de la muerte. Levantamiento planimétrico, reconstrucción de hechos, acceso a cada etapa del proceso de investigación; y la conformación de la Comisión de la Verdad.

En la solicitud, la abogada recordó que la Defensoría del Pueblo debe tomar “las medidas necesarias para evitar más sufrimiento y angustia adicional a los familiares de las víctimas”. 

También recuerda a la institución que está sujeta a “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos. Además de la promoción, defensa y vigilancia de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos”. 

Lyly López dirige el Comité de Víctimas. Lo integran las familias que aún esperan que se conozca la verdad de lo  ocurrido la madrugada de ese fatídico día. El 28 de marzo, calabozos en la comandancia de PoliCarabobo se incendiaron por razones que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.  Allí murieron asfixiados 69 personas.

El escrito enviado a la Defensoría del Pueblo en Carabobo está aquí 

ACN/Ana Ramos

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