Nacional
¡Gaceta Oficial! Inamovilidad laboral extendida hasta el 2022
El Ejecutivo Nacional, decretó una prórroga de dos años de la inamovilidad laboral, hasta finales de 2022, para los trabajadores del sector público y privado. Así lo especificó la Gaceta Oficial, fechada del 31 de diciembre, mediante el Decreto No 4.414 en la publicación Extraordinaria número 6.611.
Extienden Inamovilidad laboral
El decreto de inamovilidad laboral, que impide a patronos de los sectores público y privado llevar a cabo despidos, desmejoras de beneficios y condiciones y trasladados «sin justa causa calificada previamente por el Inspector o la Inspectora del Trabajo de la jurisdicción». Se trata de una medida, puesta en marcha por primera vez en abril de 2002 por Hugo Chávez, que ha sido rechazada por el sector empresarial debido a que, aseguran dirigentes, fomenta el parasitismo laboral.
Asimismo, señala que la medida fue tomada «a fin de proteger el derecho al trabajo; como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz».
Esta medida establece que si un trabajador es despedido, sus beneficios y condiciones son desmejorados «sin justa causa» o es trasladado sin su consentimiento; «podrá interponer una denuncia dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida».
Quedan exentos de este decreto los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los que se encuentran en el área de trabajo de forma temporal y ocasional; de acuerdo con el artículo cinco del decreto. «La estabilidad de las funcionarias y funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin perjuicio de las demás disposiciones que le resulten aplicables».
La medida advierte que será sancionado el empresario o jefe que «obstaculice o desacate la orden de reenganche; y restitución de la situación jurídica infringida» de un trabajador «protegido» por este decreto.
ACN/ El Pitazo
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Población respalda capital privado en sector eléctrico, según Pulso Nacional
Población respalda capital privado en sector eléctrico. El 81% de la población venezolana apoya la incorporación de capital privado a la propiedad y gestión del servicio eléctrico y, de hecho, 43% apoya una privatización total del sector, mientras que otro 38% considera que debe entrarse en un esquema de propiedad mixta.
Estos datos fueron presentados por la empresa consultora Poder y Estrategia en su más reciente encuesta Pulso Nacional, correspondiente al mes de mayo pasado.
La encuesta Pulso Nacional se realiza en las ciudades más pobladas del país en hogares de los estratos A,B,C,D y E con niveles de confianza de 95% y un margen de error máximo de 3%.
El 66% de la población encuestada valoró negativamente la calidad del servicio eléctrico. En concreto, 48% de los entrevistados calificó el suministro de energía eléctrica como pésimo, mientras otro 18% calificó la calidad de este servicio público como mala.
Población respalda capital privado en sector eléctrico
Por otra parte, 21% calificó el servicio eléctrico como «regular»; 10% está conforme con la calidad del suministro mientras que un mínimo 3% de la población encuestada dijo que es «excelente».
En línea con la opinión mayoritaria y como respuesta a la crisis eléctrica en el contexto político post «3 de enero», la Asamblea Nacional debate un proyecto de reforma legal que permite la inversión privada en todas las áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de un modelo de concesiones.
La realidad salarial
Por otra parte, la encuesta Pulso Nacional de la consultora Poder y Estrategia evaluó la realidad salarial del país, al consultar los niveles de ingresos de la población con el nuevo ingreso mínimo indexado como parámetro de comparación.
En concreto, 44% de la población encuestada señala que su ingreso mensual es inferior a los 240 dólares mensuales, mientras que otro 24% señala que su remuneración es igual a la mínima nacional.
En resumen, de acuerdo con este sondeo 68% de la población gana menos o un monto equivalente al ingreso mínimo mensual, lo que confirma el elevado nivel de precariedad salarial que afecta a una clara mayoría del país.
Por otra parte, solo 31% de la población encuestada apuntó que gana más de 240 dólares mensuales.
De acuerdo con el más reciente registro del CENDAS-FVM, el costo de la canasta básica alimentaria se ubica en el equivalente a 731 dólares mensuales, 205% por encima del ingreso mínino decretado en mayo.
El Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, en su reporte más reciente -correspondiente a abril- informó que la canasta básica de consumo para una familia de tres miembros costó 1.616 dólares.
ACN/MAS/Banca y Negocios
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