Internacional
Estados Unidos sigue considerando a Venezuela una «amenaza»
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prolongó por un año la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela, por lo cual la sigue considerando como una «amenaza» para «la seguridad» y «la política exterior» de su país.
En 2015 Estados Unidos emitió un decreto que declara una emergencia nacional con respecto a este país caribeño.
En él se denunciaba «la erosión de las garantías de derechos humanos«; «la persecución de opositores políticos y la restricción de la libertad de prensa. De igual manera, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales».
Estados Unidos sigue considerando a Venezuela una «amenaza»
También las «detenciones arbitrarias de manifestantes» y «la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental».
Estas circunstancias «continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos»; aseguró la Casa Blanca. Por ese motivo, Biden decidió prolongar el decreto un año más.
Sanciones estadounidenses
Este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció que las elecciones se celebrarán el 28 de julio de 2024, con Maduro como candidato natural a la reelección y la oposición contra las cuerdas con su principal aspirante inhabilitada.
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El levantamiento de la inhabilitación de todos los candidatos a los comicios era otro de los requisitos del acuerdo de octubre de 2023. Y el Gobierno de Biden acusa a Maduro de incumplirlo.
Últimamente advirtió a Caracas que si no «cambia de rumbo» reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril de 2024; como ya hizo en enero con la minera estatal de extracción de oro venezolana.
Con información de ACN/Voz de América
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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