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Enfermeras de Caracas denunciaron amedrentamiento gubernamental

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Foto: AFP.
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Enfermeras del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas denunciaron desde las afueras del centro de salud éste  miércoles, que son víctimas de amedrentamiento por parte de funcionarios gubernamentales.

Con pancartas en mano, con declaraciones contundentes y sin miedo de manifestar sus necesidades y reclamar sus derechos; las trabajadoras de la salud aseguraron que son “amenzadas y hostigadas por funcionarios del cuerpo parapolicial del régimen, Cupaz”, reseñó el portal NTN24.

En este sentido, una de las enfermeras, Francis Guillén, explicó que su compañera Ana Judith Pernía, coordinadora de emergencia; fue despedida por presuntamente “organizar una protesta dentro del hospital”.

Es por ello, que entre todas decidieron salir así sea en la parte de afuera del hospital, para mostrar su descontento; así como para negar la supuesta destitución de Pernía, que asegura el “Cupaz”.

Caracas: Enfermeras denunciaron que son amedrentamiento

Precisó, que la enfermera Pernía la mañana de hoy fue a vacunarse y se le acercó una funcionaria del “Cupaz” diciendo que ella; tenía que desalojar el hospital, porque estaba destituida.

“Ella no está destituida. Ella tiene una medida cautelar de suspensión de salario por 60 días. Es solo eso. Hoy mismo cuando queríamos protestar adentro, no los permitieron, nos sacaron”, agregó.

Vale recordar, que el 18 de febrero, el hospital se quedó sin enfermeras, puesto que aseguran que sus sueldo no les alcanza para adquirir las necesidades básicas.

Por esa razón, desde ese día, las enfermeras de Caracas presentes éste miércoles 3 de marzo comenzaron a organizar la protesta en contra del amedrentamiento que viven a diario. Sin embargo, Guillén, señaló que “muchas de nosotras estamos amenazadas y por eso no vinieron”.

Al tiempo, reclamó en nombre de sus colegas, mejoras laborales, porque aseguran que reciben “salarios de hambre”.

No es un tema nuevo, el que trabajadores del gremiose se quejan por las deplorables condiciones laborales; ya suman años y los entes responsables de cubrir esas necesidades, no los han atendido como debe ser.

Con información: ACN/NTN24/Redes/Foto: Cortesía/AFP.

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Nacional

Provea presentó crudo informe 2013 y 2023 (+ video)

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias
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El informe Anual de Provea. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura, dio a conocer este martes 30 de abril.

“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”. Señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación del informe.

En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

“Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos”, explicó.

González señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de “tortura”, de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.

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Informe Anual de Provea - Agencia Carabobeña de Noticias

El Informe Anual de Provea

Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, “la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).

Provea señaló en el informe que el “irregular” funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el “copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos”.

“De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados”, reza el informe.

Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, “para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas”.

ACN/MAS/EFE

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