Internacional
Ejecuciones en Arabia Saudita suman más de 300 en lo que va de año
El número de ejecuciones en Arabia Saudita durante este año 2024 alcanzó un nuevo récord con 304. La cifra, que incluye siete mujeres, representa un incremento del 155 % con respecto al último registro de mayor cantidad. En 2022 fueron 196 las ejecuciones en el país árabe que en ese entonces representó un récord anual.
Taha al Hajji, asesor legal de la ONG Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés), detalló que los ajusticiados hasta ahora son 187 saudíes y 117 extranjeros.
Desde 2022, Arabia Saudita reinició las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, luego de un acuerdo para la suspensión de medidas de ese tipo durante tres años para tales delitos. La decisión fue presentada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
Al Hajji dijo que en este 2024 ya son 105 los ejecutados por casos de narcotráfico. Esto representa que uno de cada tres presos fue ajusticiado por este tipo de delito.
Más presos esperan por ejecuciones en Arabia Saudita
El activista pro derechos humanos aseguró que un número indeterminado de presos están en lista de espera de ejecuciones en Arabia Saudita. Alertó que en la prisión de Tabuk en el noroeste del país, 27 reos de nacionalidad egipcia están condenados a la pena capital y que tres de sus conciudadanos fueron ejecutados este martes.
Amnistía Internacional denuncia las ejecuciones
La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió que las autoridades saudíes han incrementado los ajusticiamientos a pesar de que se comprometieron a limitar la aplicación de las ejecuciones. Denunció AI que además se incumplen tratados internacionales sobre procesos judiciales ajustados a derecho, así como la protección de los acusados.
La ONG recuerda que Arabia Saudita utilizó la pena de muerte para aplacar la disidencia política. Sobre todo en la minoritaria población chií en ese país, que se unieron entre 2011 y 2013 a las protestas antigubernamentales en ese entonces.
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Internacional
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra, pide justicia española
La justicia española solicitó un informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra desde 2017, año en el que ingresaron al capital de la compañía personas de origen venezolano, cuando se dieron cambios en la estructura accionarial de la aerolínea.
La solicitud la realizó la Fiscalía en el marco de la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre la aerolínea, relacionada con el préstamo estatal de 53 millones de euros concedido para su rescate durante la pandemia y con una presunta trama de tráfico de influencias.
La fiscala del caso, Elena Lorente, pidió analizar el “eventual impacto” que tuvo la entrada del capital venezolano en la consideración de Plus Ultra cuando la empresa solicitó las ayudas públicas en 2021.
De acuerdo con el escrito, al que tuvo acceso EFE, la aerolínea fue constituida en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero posteriormente experimentó varios cambios accionariales, “particularmente significativos” a partir de 2017, cuando personas de origen venezolano ingresaron en su capital social y órganos de gestión.
Informe exhaustivo de capital venezolano en Plus Ultra
La Fiscalía pretende determinar el alcance de esas modificaciones y su posible relación con las circunstancias que rodearon la solicitud y concesión del rescate estatal.
El ingreso del capital venezolano se habría concretado mediante distintas escrituras públicas, cuyo contenido ya lo mencionaron en un informe elaborado en 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
La investigación también alcanzó a los principales accionistas de la compañía. En diciembre de 2025, Julio Martínez Sola y Roselli los detuvieron la UDEF y posteriormente quedaron en libertad. La semana pasada, Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra.
Salpica a Rodríguez Zapatero
El caso también salpica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Rodríguez Zapatero negó ante el juez, el pasado 17 de junio, haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra en la concesión del préstamo público y rechazó haber mantenido comunicaciones con personas vinculadas a la aerolínea.
La conexión con Venezuela constituye uno de los elementos centrales de la investigación. Según la querella de la Fiscalía, Plus Ultra aparece como “firmante y beneficiaria” de presuntos contratos de préstamo con tres sociedades que estarían vinculadas al blanqueo de dinero procedente de una supuesta malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
Ahora, la Justicia española busca determinar con mayor precisión cómo se produjo la entrada del capital venezolano en Plus Ultra y si esos movimientos tuvieron alguna incidencia en la solicitud y posterior concesión de los fondos públicos.
ACN/MAS/Agencias
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