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Ecarri: 60% de ausentismo escolar por falta de comida

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Escuelas municipales de San Diego-acn
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El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri; denunció este jueves un 60% de los niños y adolescentes no están asistiendo a sus colegios debido a la falta de comida.

Ecarri responsabiliza al ministro de Educación, Elías Jaua, por la situación crítica que se vive en los colegios venezolano, respecto a la ausencia del alumnado; ya que actualmente no existen programas de alimentación en los centros educativos.

De igual manera, señaló que este ha sido un año escolar con hambre; debido a la falta de programas de alimentación para los alumnos y que eso está originando no una crisis de deserción, sino una expulsión del sistema educativo.

Indicó que es necesario realizar de manera urgente un plan de emergencia educativa; para poder convertir las escuelas en comedores donde los niños puedan alimentarse, incluso en vacaciones.

No hay condiciones para los estudiantes

Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, habló acerca de la problemática en una entrevista ofrecida a Venevisión y afirmó que actualmente no existen condiciones necesarias para que los niños se queden en las escuelas. “No les están dando alimentación, no les están dando infraestructura adecuada. Los maestros son los peores pagados de América Latina y prácticamente del mundo. En el estado Zulia ni siquiera hay luz”, destacó.

También denunció que docentes esten cobrando solo 2 dólares de sueldo al mes.

ACN/ElNacional

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Denuncian que el Estado invisibiliza a la población LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas

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población LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas
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Las personas privadas de libertad constituyen la población más vulnerable de Venezuela, pero quienes forman parte de la población LGBTIQ+ padecen el abandono y la discriminación con un impacto diferenciado en las cárceles venezolanas.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a través de entrevistas con familiares, especialistas y monitoreos constantes, documentó testimonios e información relevante en el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela, en el que se evidenció que la opacidad y ausencia de datos sobre las cárceles en Venezuela contribuyen a la invisibilización de la población LGBTIQ+ encarcelada.

Humberto Prado, fundador y director del OVP, recalcó que “todo este problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”.

De igual manera, añadió: “Hay que entender que aunque una persona cometa un delito, es un ser humano y debe tener garantía plena a sus derechos”.

“El delito se queda en los tribunales y quien ingresa en la prisión es la persona para su reinserción social y garantizar sus derechos humanos”.

Estado invisibiliza a la población LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas

“Si el Ministerio tuviera un mínimo de humildad, convocaría a una reunión para intercambiar sobre este tema tan importante, porque nuestras recomendaciones sólo son en beneficio de las personas privadas de libertad, que son los más vulnerables”.

Por su parte, Gabriela Buada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano y colaboradora de OVP para la realización de este informe, explicó cómo la situación de la población LGBTIQ+ privada de libertad es muy compleja y desafiante, debido a la discriminación y estigmas que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género.

En ese sentido, Buada aseguró que uno de los flagelos más preocupantes de Venezuela es el machismo.

Además, advirtió sobre la ausencia de políticas inclusivas que atiendan las necesidades de esta población.

Recordó además que, en julio del año 2023, OVP disertó en la 187 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ privadas de libertad en Venezuela, cuando se expusieron públicamente las humillaciones y vejaciones a las que son sometidas las personas privadas de libertad LGBTIQ+ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, es importante destacar que no existen datos oficiales ni muchos menos segregados o diferenciados de la población LGBTIQ+ privada de libertad, lo que trae como consecuencia que no se reconozca su existencia en las cárceles, no se puedan abordar sus necesidades específicas de forma adecuada, así como tampoco se pueden exigir responsabilidades y mejoras en su trato porque  hasta la fecha no se ha hecho una rendición de cuentas por parte del Estado.

En otro orden de ideas, Venezuela carece de una legislación específica para personas  LGBTIQ+.

Solo existen normas, por lo que el sistema penitenciario venezolano carece de diferenciación, lo que agrava la situación de vulnerabilidad para las personas que se encuentran en prisión.

Es decir, el hecho de que las autoridades venezolanas no tengan perspectiva de género hace que se profundicen las violaciones de derechos humanos.

Ahora bien, el equipo del OVP constató que en las cárceles venezolanas no existen espacios adecuados para la población LGBTIQ+, quienes no tienen acceso a una atención médica adecuada ni de forma regular.

En caso de que necesiten ser trasladados a un centro de salud, esto se efectúa de forma arbitraria y discrecional.

Al igual que el resto de la población penitenciaria, la comunidad LGBTIQ+ tras las rejas no tiene acceso de forma constante a personal médico; por el contrario, son enfermeras quienes asumen estos roles. 

Tampoco tienen derecho a exámenes médicos con periodicidad para detectar enfermedades como VIH, TBC, entre otras, y son los familiares quienes deben realizar un trámite si desean obtener el permiso requerido.

A pesar de que el Estado es el responsable de los privados de libertad desde el primer día de su detención, también son los familiares quienes asumen el costo de los tratamientos especializados para el VIH, por ejemplo.

Las personas trans que están en proceso, por lo general deben abandonarlo porque no existe una dotación de hormonas. Esta población es la que más sufre dentro de los recintos carcelarios porque son víctimas de discriminación, humillación y violencia sexual.

En una dantesca realidad que ha sido invisibilizada durante años, los presos de la comunidad LGTBTIQ+ tienen que sobrevivir tras los barrotes mientras son obligados a prostituirse, tanto por los pranes como por algunos funcionarios; así como también deben lavar la ropa de otros reclusos y hacer las labores de limpieza.

Por último, entre las recomendaciones de los expertos resaltó la necesidad urgente de que dentro de las prisiones venezolanas se organicen sesiones de sensibilización y concienciación para el público general y para profesionales que trabajan en el sistema penitenciario y en la justicia, así como para funcionarios.

Estas sesiones permitirán abordar estereotipos, prejuicios y conjeturas erróneas con respecto a la población reclusa y a las personas LGBTIQ+.

También, según la nota de prensa del OVP, es necesario que los funcionarios cuenten con conocimiento específico para facilitar un mejor entendimiento y trato a las personas LGBTIQ+ en entornos de detención y de las maneras en las que podrían ser atendidas de forma sensible. 

Esto podría involucrar reconsiderar las políticas, prácticas y herramientas existentes, así como considerar elaborar nuevas.

Por lo tanto, el principio de “no causar daño” debería ser una consideración principal cuando se informe el trabajo de los órganos de monitoreo sobre este tema.

Lee más datos relevantes sobre las violaciones contra los derechos humanos de la población LGBTIQ+ en el informe: Personas privadas de libertad LGBTIQ+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela

Nota de prensa

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