Internacional
Denuncian que barrera flotante en el Río Grande causará daños ambientales
Activistas y residentes del sur de Texas denunciaron este viernes que la instalación de una barrera flotante en el Río Grande, en la frontera de México y EE.UU., para impedir el cruce de migrantes indocumentados causará daños ambientales al alterar el flujo del afluente.
El gobernador Greg Abbott ha ordenado la colocación de una ristra de boyas de más de 300 metros de largo y, en preparación para el despliegue de la barrera, las autoridades de Eagle Pass han aplanado una isla cerca del Parque Shelby en esa ciudad de 30.000 habitantes.
«Las boyas son otro intento de militarización de nuestra frontera que tiene un impacto en el río», se quejó Adriana Martínez, geomorfóloga fluvial que ha publicado estudios sobre el efecto de la construcción de barreras en la frontera.
«Al igual que la cerca federal, estas boyas cambiarán la forma en que fluye el agua y, por lo tanto, cambiarán el curso mismo del río», añadió Martínez, según un comunicado de la Coalición Fronteriza de Eagle Pass.
Demoler una isla que altera el ecosistema
Eagle Pass, un área que el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stven McCraw, ha calificado como «el centro de gravedad para el contrabando», es la primera sección del río donde se instalan las boyas.
Así mismo Álex Flores, un filmógrafo de Eagle Pass, dijo que «es necesario saber qué permiso ha obtenido el gobierno del estado para demoler una isla que altera el ecosistema y el flujo del río».
«¿Qué estudios se hicieron para medir el impacto ambiental o para demostrar que esos esfuerzos disminuyen los cruces de la frontera?», preguntó Flores. «Están operando sin consideración para el impacto sobre la comunidad o las leyes que protegen nuestro ambiente».
Jessie Fuentes, maestra retirada, sostuvo que «el Río Grande es un río, con vida silvestre, protegido por leyes federales y, como beneficiarios de esta fuente de agua que sustenta la vida, debemos protegerlo y respetarlo».
EFE
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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