Internacional
Gobierno de Milei retira la pensión de expresidenta a Cristina Fernández
La expresidenta de Argentina (2007-2015), Cristiana Fernández se queda sin pensión. El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves 14 de noviembre el retiro del pago percibe por haber ocupado la Jefatura del Estado, después de que la Justicia confirmara en segunda instancia la condena por corrupción contra ella.
También se le retirará la pensión por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.
Adorni informó de que ambas pensiones, tanto de jubilación como de viudedad, suponen un costo de 21,8 millones de pesos (unos 21.800 dólares al cambio oficial actual).
Esta asignación tiene carácter no contributivo por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes y se otorga «con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo». Afirmó Adorni.
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Cristiana Fernández se queda sin pensión
Cristina Fernández «fue condenada por la Cámara de Casación Penal por ser autora del delito de administración fraudulenta, lo que representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño», justificó el portavoz al anunciar la decisión tomada por el Gobierno.
La Cámara Federal de Casación Penal argentina ratificó, en segunda instancia, una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos emitida en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2.
Aquel fallo contempló que se había incurrido en un delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).
No debería existir jubilación para mandatarios
«La jubilación a un mandatario no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a los argentinos que vieron esfumar sus esperanzas a manos de la política», explicó Adorni.
El portavoz presidencial hizo este anuncio en pleno proceso judicial, pues la expresidenta todavía puede apelar el fallo a la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia contra ella no será efectiva hasta que haya un veredicto final.
Adorni reconoció que hay «una posibilidad cierta» de que Cristina Fernández acuda a la Justicia para denunciar este hecho y agregó que la expresidenta podrá seguir cobrando la jubilación y la pensión de acuerdo a los aportes hechos al sistema de seguridad social, pero «no este adicional por privilegios», en alusión a lo correspondiente por ser expresidenta y viuda de presidente.
Asimismo, indicó que el Gobierno de Milei «no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos».
ACN/MAS/EFE
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Internacional
Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares a tres estadounidenses
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares, ordenó un juez federal de Estados Unidos en compensación por daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron su encarcelamiento y torturas en Venezuela.
La decisión judicial se refiere a los casos de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en territorio venezolano antes de ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que incluyó la liberación de Alex Saab.
Nicolás Maduro y Alex Saab deben pagar 314 millones de dólares
Los tres estadounidenses presentaron en 2025 una demanda contra altos funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que alegaron ser víctimas de tortura física y psicológica durante su encarcelamiento.
En su fallo, el juez calificó las acciones denunciadas como parte de una “empresa criminal” presuntamente dirigida por Maduro, y estableció la millonaria indemnización a favor de los demandantes.
La resolución se suma a las disputas judiciales y políticas entre autoridades estadounidenses y venezolanas relacionadas con casos de ciudadanos detenidos, sanciones y negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.
ACN/MAS/Agencias
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